El gobierno interino de Perú, encabezado por el presidente José Jerí, ha decretado un estado de emergencia de 30 días para las regiones de Lima Metropolitana y el puerto del Callao con el fin de hacer frente a un repunte de la criminalidad y la violencia organizada. La medida fue aprobada en sesión del Consejo de Ministros del Perú y entra en vigor a partir de las 00:00 horas del día siguiente tras su anuncio.
En un mensaje dirigido a la nación, Jerí afirmó que “la delincuencia ha crecido de manera desmesurada. Hoy empezamos a cambiar la historia en la lucha contra la inseguridad en el Perú”. Asimismo señaló que su administración transitará “de la defensiva a la ofensiva en la lucha contra el crimen, una lucha que nos permitirá recuperar la paz, la tranquilidad y la confianza de millones de peruanos”.
Entre las principales disposiciones del decreto se encuentran el despliegue de las fuerzas armadas en patrullaje conjunto con la policía, el reforzamiento de los controles penitenciarios —incluyendo apagones eléctricos en celdas e intervención sobre antenas de telecomunicación ilegales— y la restricción del tránsito de dos personas en motocicleta en las zonas declaradas en emergencia.
La decisión se produce en un contexto de creciente malestar ciudadano frente a los índices de criminalidad. Encuestas recientes señalan que un 59 % de la población peruana identifica la inseguridad como el principal problema nacional. Además, el gobierno de transición inicia sus tareas pocos días después de la destitución de la expresidenta Dina Boluarte, lo que añade una tensión adicional al escenario político.
No obstante, la eficacia de esta clase de medidas ha sido cuestionada históricamente. Analistas señalan que declaratorias de emergencia anteriores no lograron contener la violencia ni las extorsiones, por lo que el desafío es mayúsculo: lograr que el presente decreto marque un cambio real. Las protestas y el clima de movilización social, tanto de gremios como de jóvenes, sirven de telón de fondo para esta nueva etapa.
La medida, de vigencia por 30 días, pone a prueba la capacidad del Ejecutivo de traducir las declaraciones en resultados concretos y visibles para la ciudadanía. En su discurso, Jerí concluyó: “Las guerras se ganan con acciones, no con palabras”. La población espera que estas acciones no se limiten a la retórica y verdaderamente contribuyan a revertir la ola de criminalidad que afecta a Lima y Callao.
