Editorial La Revista Peninsular
La Fiscalía General de la República (FGR) informó el pasado jueves que no encontró sustento alguno para perseguir al general Salvador Cienfuegos Cepeda, exsecretario de la Defensa Nacional (SEDENA), por los delitos que se le acusaron en Estados Unidos. Si bien, esta exoneración fue pronosticada por múltiples analistas desde que el general regresó a territorio mexicano, pocos esperaban la postura agresiva mostrada por el presidente López Obrador ante el gobierno norteamericano.
El general Cienfuegos fue detenido en territorio estadounidense por los delitos de narcotráfico y lavado de dinero mientras realizaba un viaje familiar el 15 de octubre del 2020. La orden de aprehensión fue solicitada por la Administración de Control de Drogas (DEA), la cual investigaba a Cienfuegos Cepeda desde el 2013 pues sospechaba que mantenía comunicaciones con Juan Francisco Patrón Sánchez “H2”, líder de una organización de narcotráfico en Nayarit.
Cuando se dio a conocer el arresto, surgieron dudas respecto a si el gobierno mexicano estaba enterado o no de las gestiones en contra del general. En un principio, Andrés Manuel López Obrador afirmó estar al tanto de los planes de Estados Unidos, pero su nula estrategia de contención mediática delató su falta de conocimiento sobre lo acontecido.
Por no haber hecho parte al gobierno de México, la captura del general Salvador Cienfuegos fue considerada un movimiento ofensivo de la DEA en contra del Estado mexicano; específicamente en contra de las Fuerzas Armadas.
Bajo el argumento de realizar un gesto de fraternidad y confianza, a mediados de noviembre el gobierno norteamericano decidió retirar los cargos en contra del general Cienfuegos y lo dispuso al sistema mexicano para que este continuara los procesos de justicia correspondientes. De igual manera, entregó a México un expediente con más de 750 páginas en el que se copilaban las pruebas recabadas en contra de Cienfuegos Cepeda. Las principales pruebas consistían en las capturas de pantalla de presuntas conversaciones entre el general y narcotraficantes.
El Estado mexicano se comprometió a revisar las pruebas presentadas contra Cienfuegos para evitar cualquier tipo de impunidad, aunque, como ya se dijo, la expectativa era que se absolviera al exsecretario. La razón de este pronóstico es que en la actual gestión federal se ha establecido la mayor militarización gubernamental en la historia contemporánea de nuestro país. Por este motivo, era improbable que Andrés Manuel actuara en contra de quien fue el titular del Ejército durante el sexenio pasado, pues invariablemente repercutiría en la legitimidad del órgano al cual acaba de dotar facultades extraordinarias.
Cabe mencionar que el gobierno mexicano tenía a su favor que un sector importante de la opinión pública consideraba poco viables las pruebas y acusaciones de Estados Unidos en contra del general Cienfuegos. Las capturas de conversaciones en aplicaciones de mensajes no constituyen un medio probatorio contundente, además de que es poco factible que el titular de las Fuerzas Armadas sostuviera conversaciones no encriptadas con un narcotraficante intrascendente.
Lo único por hacer para confirmar la inocencia de Salvador Cienfuegos Cepeda era una investigación seria y exhaustiva por parte de la FGR, la cual garantizara que se usaron criterios jurídicos y no políticos. Desafortunadamente no ocurrió esto pues en tan solo dos meses la fiscalía concluyó sus indagaciones y, ante la indignación de muchos mexicanos, exoneró precipitadamente al general.
El tema se complicó aún más con la postura agresiva que Andrés Manuel López Obrador mostró ante el gobierno norteamericano. Nuestro presidente ordenó a la Secretaría de Relaciones Exteriores publicar el expediente compartido por Estados Unidos con lo que transgredió tratados internacionales de intercambio de información; importante resaltar que fue un gesto de forma carente de fondo pues el documento tenía múltiples secciones censuradas. Asimismo, López Obrador calificó a la DEA de poco profesional, la acusó de haber fabricado acusaciones en contra del general Cienfuegos e hizo notar que la captura se realizó en vísperas de tiempos electorales.
Incluso el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, salió al ataque al decir que la DEA “se rajó” porque no persiguió a Salvador Cienfuegos a pesar de supuestamente tener pruebas robustas en su contra. De la misma forma, el fiscal mexicano señaló que la DEA está buscando quien pague los costos políticos de su error, y que estaría dispuesto a llevar este caso a tribunales internacionales para esclarecer quién tiene la razón.
Existen varias interpretaciones para explicar la postura de nuestro presidente. Una de ellas es que esta confrontación era necesaria para dar carpetazo lo antes posible a la investigación contra Cienfuegos y así apaciguar la presión que existe sobre las Fuerzas Armadas, órgano el cual ha adquirido preponderancia significativa en el actual sexenio. Otra explicación refiere a que podríamos estar ante la construcción de un recurso discursivo utilizado con frecuencia en populismos latinoamericanos: el alarmismo en contra del “imperio yanqui”. Finalmente, una interpretación podía ser que la confrontación tiene el objetivo de distraer la atención de los ciudadanos de la pandemia y la campaña de vacunación, pues la primera está en su etapa más crítica y la segunda ha mostrado ser más lenta de lo esperado.
La exoneración del general Salvador Cienfuegos Cepeda cerró un capitulo controversial en la política mexicana, pero parece haber abierto un nuevo frente de batalla para López Obrador. Existían las condiciones para librar de culpa legítimamente al exsecretario de Defensa Nacional, pero el caso sufrió un exceso de politización por la difusión mediática que le dio el presidente.
La reflexión final natural sería que el titular del ejecutivo debe evitar hacer referencia a este tema pues le compete a la FGR. Sin embargo, después que el presidente dijera que las decisiones las toma el fiscal, pero él las avala y respalda, es evidente que la autonomía de la Fiscalía General está comprometida.