En los últimos días, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado a que las víctimas de extorsión se atrevan a denunciar, luego de que varios empresarios que habían alzado la voz contra el cobro del “derecho de piso” fueron asesinados.
Sheinbaum advirtió que “empresarios que han alzado la voz contra este delito han sido asesinados”. El mensaje se produce en un contexto en el que, según informes, al menos 13 personas fueron ejecutadas en el último año y medio por negar o denunciar extorsiones u otros cobros ilícitos por parte de organizaciones criminales.
La mandataria subrayó que la extorsión es un delito que no se está logrando contener adecuadamente y vinculó los crímenes con la retaliación de grupos delictivos contra quienes deciden denunciar. En este sentido, destacó la importancia de fortalecer los mecanismos de denuncia anónima y protección a las víctimas, a fin de romper el miedo que inhibe la colaboración ciudadana con las autoridades.
Por otra parte, Sheinbaum señaló que su administración ya trabaja de la mano con la fiscalía y el gabinete de seguridad para acompañar las investigaciones. En un caso reciente, relativo al asesinato del líder citrícola en Michoacán, la presidenta afirmó que “tiene que haber justicia en este caso y está todo el Gabinete de Seguridad apoyando a la fiscalía y al Gobierno de Michoacán para poder llegar a los responsables”.
La exigencia de denunciar, más allá del discurso, se enfrenta a retos importantes: la omisión del denunciante o el temor de represalias paralizan una gran parte de las víctimas. Según datos recientes, la falta de denuncia formal impide a las autoridades actuar con eficacia.
Este anuncio pone bajo los reflectores la vulnerabilidad de ciertos sectores productivos y empresariales frente a la criminalidad organizada, y plantea un desafío para las estrategias de seguridad pública: garantizar que denunciar no se traduzca en castigo para la víctima, sino en protección y justicia.
