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Operativo en favelas de Río de Janeiro deja al menos 60 muertos y plantea cuestionamientos sobre política de seguridad

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Un operativo masivo desplegado por las fuerzas de seguridad en los complejos de favelas Complexo do Alemão y Complexo da Penha, en la zona norte de la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, dejó al menos 60 personas muertas —entre ellas cuatro policías— y más de 80 detenidos, según reportes oficiales y medios de comunicación.  El operativo se ejecutó en la mañana del martes 28 de octubre de 2025 y es considerado el más letal en la historia del estado de Río de Janeiro. 

Según las autoridades, cerca de 2 500 agentes participaron en la operación, la cual tenía como objetivo ejecutar órdenes de detención contra integrantes de la facción de narcotráfico Comando Vermelho en los citados territorios.  Durante el desarrollo del operativo se registraron enfrentamientos armados de alta intensidad, con barricadas incendiadas, uso de drones para lanzar explosivos según las propias autoridades y varios sectores de los barrios bloqueados.  El gobernador del estado, Cláudio Castro, calificó la situación como “narcoterrorismo” y afirmó que el Estado combate una “guerra” que trasciende la seguridad urbana convencional. 

Organizaciones internacionales como la Human Rights Watch solicitaron que se abran investigaciones exhaustivas para determinar las circunstancias de cada muerte, ya que el elevado número de fallecimientos en un solo operativo genera inquietudes en materia de derechos humanos y proporcionalidad del uso de la fuerza.  El contexto de la operación incluye el desmantelamiento de viviendas, cierre de escuelas en los barrios afectados, suspensión de clases universitarias y obstrucción de vías principales. 

Este episodio pone de relieve uno de los principales desafíos en materia de seguridad pública en Brasil: la imbricación entre el crimen organizado, el control territorial en zonas de favelas y la respuesta estatal concebida en términos militares. El enfoque predominante en operaciones de choque intensas plantea interrogantes sobre su efectividad a largo plazo para desarticular redes criminales y sobre su impacto en comunidades vulnerables que ya enfrentan exclusión estructural.

Las fuentes consultadas coinciden en que aunque este tipo de operativos puede dar resultados cuantitativos inmediatos —detenciones, armas incautadas, cuerpos abatidos—, su replicabilidad como estrategia principal sin una política concomitante de prevención, inclusión social y fortalecimiento institucional puede contener deficiencias. Uno de esos puntos críticos es que, según analistas, tras el abatimiento de los integrantes que se enfrentan directamente, suelen ser rápidamente reemplazados por otros dentro de la estructura criminal. 

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