Editorial La Revista Peninsular.
La libertad de expresión ha sido un tema recurrente en la administración de Andrés Manuel López Obrador. El gobierno federal ha consolidado su postura respecto a este derecho con demostraciones como pretender ser el órgano censor en redes sociales o defender la difusión de las conferencias matutinas en temporada electoral. El problema es que esta libertad ya se encuentra regulada en las leyes, entonces al surgir interpretaciones fuera de la norma se genera incertidumbre respecto al actuar del gobierno.
El senador Ricardo Monreal anunció este lunes que presentaría una iniciativa para reformar la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión con el objetivo de regular las redes sociales en el país. El líder de la bancada de Morena aseguró que su intención no era censurar a nadie, por el contrario, buscaba proteger el derecho a la información y la libertad de expresión de las personas.
Para lograr lo planteado, Monreal quiere establecer que no sean entes privados quienes decidan qué contenido o usuarios suprimir de sus propias redes, sino que sean los gobiernos quienes tomen dicha decisión. Lo anterior se justifica, según el legislador, pues estas redes sociales hacen uso de redes públicas para ofertar sus servicios, aunque analistas coinciden en que se trata de un servicio enteramente privado.
Como muestra de ser consciente de lo delicado del tema, Ricardo Monreal compartió que esperaba la participación de las redes sociales, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Secretaría de Gobernación, entre otros actores, para nutrir su propuesta. Asimismo, Monreal informó que su equipo realizaría un análisis de derecho comparado, el cual en términos generales implica revisar la legislación de otros países en casos similares para adoptar los preceptos que nos sean útiles, con la expectativa de dar certeza técnico-jurídica a la propuesta.
Debido a que el presidente ha estado ausente del ojo público pues continúa enfermo de Covid-19, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ha fungido como el rostro y voz del gobierno federal en los últimos días. La exministra ha mantenido una postura prudente respecto al tema, pues solo ha dicho que le ordenó a su equipo analizar la situación para definir una postura y que estaría a la espera del contenido de la propuesta de Monreal para apoyarla, si estaba conforme a la ley.
Es prudente recordar que el presidente López Obrador ha sostenido una pugna mediática con Twitter desde hace algunas semanas. Nuestro presidente expuso en una conferencia matutina el currículum del director de Política Pública de Twitter México y América Latina, Hugo Rodríguez Nicolat, e hizo notar antiguas relaciones laborales con miembros del PAN para aludir a acciones corporativas en contra de su gestión. Twitter México lamentó los comentarios de Andrés Manuel y aseguró que ningún portavoz toma determinaciones por sí solo en su empresa, sino que se definen mediante procesos colegiados.
Días más tarde, Twitter suspendió diversas cuentas por violar reglas relacionadas al spam y manipulación de su plataforma, entre las cuales cancelaron a tres cuentas plenamente identificadas por su afinidad al gobierno federal. Simpatizantes del presidente reprocharon esta acción pues la consideraron una maniobra ofensiva en contra del gobierno por parte de un actor presuntamente panista.
Dados estos antecedentes, los objetivos aparentemente nobles planteados por Monreal para su iniciativa pierden legitimidad pues el acto se configura como una retribución en contra de Twitter, no como un esfuerzo para garantizar derechos y libertades. De igual forma, es complicado confiar en el criterio de la administración federal como censor en redes sociales pues se ha abocado a desmantelar órganos de vigilancia ciudadana y control interno, por lo que hay un alto nivel de discrecionalidad en las esferas de gobierno.
Existen dudas también sobre por qué motivo López Obrador ha tomado una postura ofensiva en contra de Twitter. Hay quienes interpretan estas agresiones como respuesta a la suspensión de la cuenta de Donald Trump pues el presidente mexicano teme ser sujeto a la misma medida. Si bien, el mandatario mexicano no ha difundido mensajes que inciten a la violencia en las dimensiones de Trump, sí podría ser expuesto (nuevamente) por el uso de bots para manipular la red.
Esta no es la primera vez que la administración de Andrés Manuel denuncia intentos de violentar la libertad de expresión; en el conflicto que el ejecutivo federal tiene con el Instituto Nacional Electoral (INE) también señaló un intento de coartar su derecho a la libre manifestación de ideas.
El Consejo General del INE le ordenó al presidente respetar nuestra Carta Magna y abstenerse de emitir expresiones de índole electoral, particularmente en las conferencias matutinas, durante el periodo de elecciones. En los procesos electorales del 2019 y 2020 el ejecutivo accedió a suspender las “mañaneras” en el periodo de veda, pero para el ejercicio de este año se rehusó a hacerlo bajo el argumento de que el INE quería censurar a López Obrador.
Pocas interpretaciones han sido tan certeras respecto a este tema como la compartida por Federico Berrueto en una entrevista que le realizamos en La Revista Peninsular. Federico fue contundente al afirmar que el presidente, y cualquier otra autoridad, no tiene derecho a la libertad de expresión en el ejercicio de sus funciones y justificó su comentario con un criterio de la Segunda Sala de la Corte de Justicia de la Nación el cual establece dicha restricción.
La libertad de expresión no ha sido un asunto ajeno al ejecutivo federal, lo cual ha propiciado un interesante debate sobre este tema en distintos espacios. El problema es que el gobierno quiere imponer su postura, algunas veces contraria a la legislación, en la discusión y por su posición de poder pone en riesgo la garantía de derechos y libertades de las personas. Los ciudadanos debemos vigilar esta discusión, pues un paso en falso representaría censura indiscriminada en contra de la población.
