Por: Antonio Patrón Priego.
El 4 de noviembre del 2016 en México entró en vigor el Acuerdo de París negociado en la 21º Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. En este instrumento internacional los países se fijaron la meta de descarbonizar sus economías para el año 2050, tomando como base evitar el aumento en 2 grados de la temperatura global media respecto a los niveles preindustriales, reducir y adaptarse a los riesgos del cambio climático e impulsar el flujo de capital privado y público hacia el desarrollo de economías con bajas y nulas emisiones de carbono. Durante la edición 22º de esta misma Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, México presentó su estrategia para reducir las emisiones de gases invernadero para el 2050 y de esta manera se consolidó junto a Alemania y los Estados Unidos, como los primeros tres países en presentar una estrategia a largo plazo como ha señalado el subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SERMARNAT), Rodolfo Lacy Tamayo.
Ahora bien, el actual gobierno de la República ha destinado gran parte de sus esfuerzos al apoyo de las empresas energéticas productivas del Estado con políticas poco amigables al medio ambiente. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador parece haber emprendido una contienda por reducir la competencia privada que enfrenta la Comisión Federal de Electricidad (CFE), especialmente a favor de la producción de energía eléctrica con base en la quema de hidrocarburos. En este sentido el pasado 2 de mayo de 2020, el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) frenó de manera indefinida las pruebas que son necesarias para la apertura de las nuevas plantas privadas a base de energía solar y eólica justificándose en un principio en la pandemia, sin embargo durante el mismo mes la Secretaría de Energía dio a luz nuevas reglas que limitarían la producción de energías renovables y brindaba al CENACE la capacidad de negar futuras solicitudes de plantas. Sin embargo, se vieron frenadas por la presión de Greenpeace y fueron suspendidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación tras la solicitud de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE).
Estas políticas implementadas en mayo frenaron en seco a 17 proyectos solares y 11 proyectos eólicos que representaban una dura competencia para la CFE durante un periodo de importante disminución de la demanda a causa de la pandemia. Las nuevas granjas solares y eólicas producen energía a precios mucho más competitivos que la mayor parte del portafolio de granjas eléctricas de la CFE, las cuales están limitadas a una infraestructura desgastada y una tecnología desfasada, fruto de la rentabilidad que gozaba gracias al monopolio estatal en la producción y distribución de energía.
El pasado primero de febrero, el presidente de la Republica envió al Congreso una iniciativa de reforma a la industria energética que busca priorizar la energía proveniente de la CFE. De esta manera la energía producida por hidroeléctricas y plantas de combustible de la CFE tendrían prioridad en la red eléctrica sobre las provenientes de plantas privadas de energía solar y eólica. Asimismo, se modificarían los requisitos del Certificado de Energías Limpias que puede obtener la iniciativa privada, se busca eliminar la obligatoriedad de las subastas eléctricas para abastecer a la CFE, y se faculta a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a revocar los permisos que el sector privado produzca la energía que consume. En reacción a esta iniciativa el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) hizo especial énfasis en la posible afectación al 14% del Producto Interno Bruto nacional.
En la publicación del Doing Business del Banco Mundial, México ocupa el puesto 60 de 189 del ranking de facilidad para hacer negocios. En la misma publicación ocupó el puesto 106 de 189 en obtención de electricidad, tomando como base los procedimientos, tiempos y costos para que una empresa pueda obtener una conexión permanente de suministros de electricidad, y evaluar la eficiencia del proceso de conexión, el índice de fiabilidad del suministro y transparencia de las tarifas y el precio de la electricidad.
México se aleja a pasos acelerados de las metas propuestas en las Conferencias de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, al mismo tiempo en que se encarece el precio de la electricidad y que por lo tanto al subsidiarse, el coste se reflejará en los contribuyentes. El compromiso por una economía a la vanguardia de las necesidades nacionales e internacionales se apaga.
