El Gobierno de Ecuador ha dado un paso significativo en su estrategia de seguridad penitenciaria al trasladar a los primeros 300 presos considerados de alta peligrosidad hacia el nuevo centro de máxima seguridad denominado Cárcel del Encuentro, ubicado en la provincia de Santa Elena.
El presidente Daniel Noboa anunció a través de redes sociales: “Los primeros 300 PPL más peligrosos ya fueron trasladados a la Cárcel del Encuentro”. Agregó además: “El crimen quiso desafiar al Ecuador y empezar su campaña. Hoy, el Ecuador le respondió con hechos”.
Este movimiento se da en momentos clave, ya que está programado para realizarse unas jornadas antes del referendo convocado por el Gobierno, el cual incluye entre sus propuestas modificaciones constitucionales que abarcan, entre otros temas, la instalación de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano.
Las autoridades justifican el traslado como una medida para desarticular la influencia de grupos criminales dentro del sistema carcelario, que han venido operando desde centros de detención con alta presencia de bandas organizadas. Según el ministro del Interior, John Reimberg, “se acabó esa vida que tenían en el pasado, donde hacían lo que querían dentro de las cárceles”.
La construcción de la nueva cárcel en Santa Elena responde a uno de los dos centros de alta seguridad prometidos por el presidente Noboa. Esta infraestructura aparece como parte de un enfoque más amplio sobre seguridad que pretende marcar un giro en la respuesta estatal ante la crisis penitenciaria que enfrenta el país.
Aunque el Gobierno promueve esta medida como símbolo de acción firme, también se enmarca en un contexto de gran presión política: movilizaciones sociales, violencia criminal y el inminente referendo. Algunos analistas señalan que la coincidencia de la medida con la consulta podría influir en la percepción ciudadana sobre el manejo de la seguridad.
En definitiva, este traslado de 300 reclusos considerados de alta peligrosidad representa una demostración de voluntad del Ejecutivo para abordar la grave situación carcelaria en Ecuador, a la par que anticipa una cita electoral que podría redefinir parte del marco institucional del país.
