El gobierno federal puso en marcha el denominado “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia” en el estado de Michoacán, como reacción al asesinato del alcalde Carlos Manzo ocurrido el 1 de noviembre en el municipio de Uruapan, y con ello desplegó un operativo denominado “Operativo Paricutín” dirigido contra seis organizaciones del narcotráfico que operan en la región.
De acuerdo con la información oficial, en la zona de Uruapan y municipios aledaños dichas organizaciones incluyen al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Caballeros Templarios, Los Viagras, Los Blancos de Troya, Cártel de Los Reyes y Pueblos Unidos.
El mapa criminal elaborado por las fiscalías federal y estatal, y el Ejército, señala que en Uruapan operan al menos tres células del CJNG distribuidas geográficamente: una al sur de Uruapan, San Juan Nuevo y Tancítaro; otra al norte en Charapan, Paracho, Chilchota, Cherán y Nahuatzen; la tercera hacia Ziracuaretiro, Taretan y Nuevo Urecho.
El operativo comenzó con patrullajes coordinados de personal del ejército, la Guardia Nacional y la policía estatal en huertas y empacadoras de limón en municipios como Apatzingán y Buenavista, con el objetivo de frenar la extorsión que sufren productores de limón, empresarios y comerciantes.
El anuncio del operativo se da dentro de un contexto mayor de crisis de seguridad en Michoacán y una estrategia federal que contempla no solo acciones operativas, sino también inversión en infraestructura, desarrollo social y seguimiento quincenal en gabinete de seguridad nacional. Se pretende “encapsular” a los grupos criminales, evitar enfrentamientos entre ellos y restablecer el libre tránsito de la ciudadanía en las zonas de mayor conflicto.
Expertos y analistas han advertido que culturas organizadas de crimen en Michoacán están profundamente arraigadas en la economía regional —agricultura de aguacate y limón, transporte y rutas de drogas— y que el éxito del plan dependerá de su capacidad para actuar en los ámbitos local, estatal y federal de forma coordinada.
En conclusión, el Gobierno federal ha dado un paso firme en la entidad con un operativo específico contra seis cárteles, apoyado por despliegues de seguridad, patrullajes en zonas vulnerables y la definición de nuevas células criminales por combatir. Queda por ver en los próximos meses la efectividad de las acciones para revertir la presencia y el control del crimen organizado en Michoacán.
