El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por 467 votos a favor una reforma a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros que prohíbe la emisión de tarjetas de crédito o débito sin el consentimiento expreso del usuario y elimina cobros por anualidades, comisiones u otros conceptos asociados a productos no solicitados.
La iniciativa, presentada por el diputado Ricardo Monreal Ávila, fue considerada de urgente resolución y turnada al Senado de la República para su análisis.
En su contenido, la reforma establece que las entidades financieras no podrán aplicar cargos o comisiones por servicios, seguros, membresías o beneficios adicionales que no estén previamente autorizados en el contrato de adhesión o sin consentimiento expreso del usuario.
Asimismo obliga a las emisoras de tarjetas a garantizar que la información relativa a costos, cargos y comisiones asociadas al producto sea clara, veraz y suficiente, y prohíbe ofertas o mensajes que induzcan a pensar que los plásticos carecen de costos cuando generan comisiones, anualidades u otros cargos.
La reforma también contempla que los usuarios puedan cancelar sus tarjetas de crédito o débito de manera presencial, telefónica o digital las 24 horas del día, los 365 días del año, y que la cancelación se efectúe sin costo, cargo o penalización dentro de un plazo máximo de tres días hábiles.
De igual manera, se prohíbe que los cargos por anualidad, comisiones u otros conceptos por tarjetas de crédito o débito no solicitadas tengan impacto en el historial crediticio del usuario, así como que el emisor controle el bloqueo inmediato del producto cuando el usuario solicite la cancelación.
La vigilancia del cumplimiento de estas disposiciones corresponderá a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) para entidades financieras, y a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en el caso de emisores comerciales.
La aprobación de esta reforma representa un avance en la protección de los usuarios de servicios financieros y en la lucha contra prácticas bancarias consideradas abusivas, tales como el envío no solicitado de tarjetas que posteriormente suman cargos inesperados. La próxima etapa será el análisis y posible aprobación por parte del Senado para que la iniciativa entre en vigor.
