Los productores de azúcar de México demandaron al gobierno federal la implementación de un plan de rescate ante la caída de los precios y el exceso de oferta en el mercado interno.
Las movilizaciones se realizaron en nueve estados del país, donde los agricultores bloquearon carreteras y los accesos a las oficinas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en la Ciudad de México, para denunciar el abandono del gobierno ante la crisis del sector.
Los líderes del gremio exigen un precio mínimo de 300 pesos por tonelada de caña de azúcar, y advirtieron pérdidas estimadas en 15 000 millones de pesos derivadas de la distorsión del mercado.
Según el gobierno mexicano, en el ciclo 2024-2025 la producción de azúcar alcanzó 4.7 millones de toneladas, lo que representa un aumento del 1.4 % respecto al periodo previo. Para 2025-2026 se proyecta una producción de 5.1 millones de toneladas.
Como medida de contención, el gobierno estableció aranceles de entre 165 % y 210 % a las importaciones de azúcar o jarabe de maíz de alta fructosa provenientes de países sin tratados comerciales vigentes. Esta acción atiende la sobreoferta interna que pone en riesgo la rentabilidad de la cadena productiva.
Especialistas señalan que aunque los aranceles son un primer paso, resultan insuficientes sin un complemento de acciones como la elevación de cuotas de exportación, la regulación del jarabe de maíz de alta fructosa y la contención del contrabando de azúcar.
El escenario propone un reto para el gobierno federal: responder tanto a las exigencias del sector cañero como a la necesidad de garantizar estabilidad al consumidor.
