Carlos E Bojórquez Urzaiz
En la Cámara de Diputados se discute la reforma constitucional al artículo 35, concerniente a la Revocación de Mandato, un ejercicio de democracia participativa que ha sido una conquista de la 4T, permitiendo que el pueblo decida sobre la continuidad del presidente en turno, bajo el postulado del mismo Movimiento de Regeneración Nacional que asevera: “el pueblo pone y el pueblo quita”, es decir, ningún poder está por encima del pueblo.
La Revocación de Mandato, aunque desde hace más de cien años se delineó, durante el gobierno socialista de Felipe Carrillo Puerto en Yucatán, la revocación que ya se proyectaba como un ejercicio democrático en la actualidad se tradujo en un logro del entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien propuso que sea incorporada a la Constitución mexicana durante su gobierno. El primer ejercicio se realizó en abril de 2022, y representó una nueva forma de relación entre el pueblo y el poder, ya que, a partir de su aplicación, el pueblo no solo elige, sino que también evalúa a su gobernante.
La ley constitucional precisa que la Revocación de Mandato se puede solicitar en una sola ocasión durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del período constitucional, tal como aconteció en el sexenio pasado. La actual discusión en la Cámara de Diputados propone reformar la normatividad a los efectos de poder adelantar el ejercicio de Revocación de Mandato, que tendría que efectuarse en el primer trimestre del 2028 para que pueda coincidir con las elecciones intermedias que en México se realizarán el 6 de junio de 2027. El objetivo es no duplicar los gastos de organización y realización para el ejercicio democrático, y aprovechar la estructura de las elecciones intermedias para sumar la consulta de la Revocación de Mandato. Esto también aseguraría una mayor participación ciudadana.
La oposición, fiel al entendimiento que la ha caracterizado por décadas, ha querido presentar esta propuesta como una artimaña política para que la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, figure en la jornada electoral en 2027. Pero no se trata de maña política alguna como ocurrió en gobiernos anteriores, por el contrario, atiende con coherencia al postulado para la economía del Movimiento que señala que “cuando se gobierna con honestidad, el presupuesto, que es dinero del pueblo, alcanza y rinde”.
El ahorro de recursos al realizar la consulta de Revocación de Mandato junto con las elecciones intermedias representa una economía significativa que garantizará que los fondos presupuestales puedan destinarse a la continuidad de los programas de gobierno para el bienestar. Los opositores engañan descaradamente al pueblo y lo desinforman al afirmar que la realización de la consulta de Revocación de Mandato, durante las elecciones intermedias del 2027, incidiría en los resultados electorales. Es la misma Constitución, en el artículo 35 que advierte la prohibición de recursos públicos para la recolección de firmas, o para fines de promoción y propaganda relacionadas con el proceso.
Sobre todo, enfatiza que se suspende la difusión en medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno, desde la convocatoria hasta la conclusión de la jornada. Es decir, existe un marco legal que legitima y garantiza el proceso.
Aun así, pretenden enturbiar con politiquería de pacotilla y falsedades la congruencia de la 4T que, desde su inicio en el gobierno, ha procurado una mejor distribución de los recursos públicos. ¿Por qué duplicar el gasto del ejercicio democrático cuando solo hay diez meses de diferencia entre cada proceso?
Más allá de la coyuntura política, el debate sobre la Revocación de Mandato abre una oportunidad para reflexionar sobre la eficiencia en el uso del presupuesto público. Si tomamos como referencia la primera consulta en 2022, el presupuesto asignado para tal fin fue de aproximadamente 1,692.5 millones de pesos. A tres años, seguramente habrá un alza proporcional, que se duplicaría de no aprovecharse la jornada electoral intermedia del 2027. No es errada la propuesta de igualar la realización de ambos procesos, en la medida que significaría un ahorro presupuestal que bien podría beneficiar el gasto anual de los diversos programas, el financiamiento de becas, la construcción de escuelas o la operatividad de alguna secretaría. La lógica de ahorro y austeridad es parte de la 4T que busca incidir en las economías familiares mediante una prosperidad compartida.
Hay argumentos razonables y suficientes elementos en la mesa para un verdadero debate público informado, y desde luego, en lo que corresponde a los legisladores en la Cámara de Diputados. La doctora Claudia Sheinbaum se ha manifestado en el mismo sentido de optimizar los recursos, pero al mismo tiempo, ha señalado que es una discusión que debe reflexionarse a fondo. El espíritu de la 4T busca “convencer y no vencer”, y con la seguridad de que “la transformación siempre debe realizarse por la vía pacífica y electoral”. Sigamos informándonos responsablemente. No olvidemos, en nuestra revolución de conciencias, que nuestro fuerte no es la venganza sino la justicia.
