La investigación por el asesinato del alcalde de Carlos Manzo Rodríguez, en el municipio de Uruapan, estado de Michoacán, dio un nuevo giro con el hallazgo de dos cuerpos sin vida de presuntos participantes en el crimen, uno de los cuales era menor de edad. Las autoridades estatales informaron que los cadáveres fueron localizados el lunes 10 de noviembre de 2025 en un tramo de la carretera Uruapan–Paracho, a la altura del municipio de Capácuaro, tras los hechos ocurridos nueve días atrás.
De acuerdo con el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, y la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), uno de los fallecidos tenía únicamente 16 años de edad. Las indagatorias oficiales indican que ambos jóvenes acompañaban al autor material del homicidio, quien había sido abatido la noche del ataque.
Las autoridades municipales y estatales reiteraron que el asesinato de Carlos Manzo —ocurrido durante las festividades del Día de Muertos en Uruapan— aún se encuentra bajo investigación en múltiples líneas. Asimismo, se analiza el papel de los escoltas del alcalde y las condiciones del operativo de seguridad que lo rodeaba al momento del ataque.
El hallazgo de los cuerpos plantea nuevamente el tema del reclutamiento de menores por organizaciones criminales en Michoacán y la participación de adolescentes en agresiones graves hacia funcionarios públicos. El gobernador señaló que esta dimensión del caso requiere un análisis profundo, ya que la implicación de menores de edad agrava el contexto de inseguridad en la región.
El proceso de investigación contempla peritajes balísticos, análisis de comunicaciones, cotejo de perfiles de participación y el seguimiento de la cadena de mando del crimen. Las autoridades insisten en que “todas las líneas de investigación están abiertas”, incluida la posible actuación de escoltas municipales que intervinieron durante o después del homicidio.
El asesinato de Carlos Manzo y los posteriores hallazgos han desatado manifestaciones de ciudadanos en Uruapan y otros municipios de Michoacán que exigen justicia, transparencia y una respuesta contundente del Estado frente al crimen organizado.
