La definición del precio al que las harineras comprarán el maíz producido en Campeche se dará a conocer el próximo martes, luego de una intensa jornada de negociación entre productores y autoridades federales y estatales. La reunión, realizada en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SDA), se extendió por casi siete horas y estuvo marcada por momentos de tensión, reclamos y la exigencia de establecer un valor justo para la cosecha de este año.
Los representantes de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y de la SDA informaron a los agricultores que las empresas harineras —entre ellas Minsa y Maseca— no estuvieron presentes debido a que sus directivos se encuentran fuera del país. Esta ausencia generó inconformidad entre los productores, quienes señalaron que no aceptarán programas o acuerdos adicionales sin que primero se establezca un precio claro y formal por tonelada de maíz.
El ambiente se tornó más tenso cuando, al inicio de la reunión, a los campesinos se les negó el acceso a la sala. Ante la falta de información y respuestas claras, los productores forzaron la puerta para asegurar su participación en la discusión. Ya dentro, reiteraron su demanda central: un precio base que considere los costos reales de producción y que garantice que su trabajo sea rentable.
De acuerdo con los propios agricultores, la producción estatal podría alcanzar este año hasta 700 mil toneladas de maíz blanco, por lo que la definición del precio resulta determinante para la estabilidad económica del sector. Si bien existía una propuesta preliminar en la que Segalmex adquiriría 64 mil toneladas a un precio de 6 200 pesos por tonelada, con un subsidio gubernamental adicional para llegar a los 7 200 pesos, los productores consideran que esta cifra sigue siendo insuficiente frente a las condiciones del mercado y la inversión que han realizado.
El próximo martes deberán definirse aspectos clave para el sector: el precio final que pagarán las harineras, los compromisos de compra que aseguren la absorción total de la cosecha y la posibilidad de vincular estos acuerdos con nuevos mecanismos de apoyo gubernamental. La decisión no solo impactará a los campesinos, sino también a la cadena de suministro del grano en Campeche, ya que un precio adecuado podría incentivar la siembra futura, fortalecer la economía rural y garantizar el abasto local.
Las expectativas están puestas ahora en esta última etapa de negociación. Para los productores, lograr un acuerdo justo significaría cerrar un ciclo complicado con certidumbre; para las autoridades, representa la oportunidad de encaminar la política agrícola del estado hacia un escenario más estable y equilibrado.
