La Revista
La política mexicana vivió esta semana uno de los movimientos más relevantes en materia de procuración de justicia pues se anunció oficialmente que Alejandro Gertz Manero dejaría la Fiscalía General de la República para asumir una embajada, en una decisión que confirma el final de una etapa marcada por controversias, tensiones y cuestionamientos públicos.
Circularon versiones que atribuían su salida a problemas de salud, pero lo cierto es que el cambio ya estaba cantado. La gestión del primer fiscal elegido para un periodo de nueve años estuvo caracterizada por la ineficiencia, la opacidad y el uso de influencias con fines claramente personales. El episodio más conocido es el de su propia cuñada, cuya detención fue considerada por amplios sectores de la opinión pública como un abuso de poder y un ejemplo de cómo el titular de la FGR utilizaba a la institución para resolver disputas privadas.
Motivos había de sobra para acelerar la salida del polémico fiscal y el hecho de que su retiro se dé a través del envío a una embajada confirma que hubo trabajo político y negociación detrás de un movimiento que desde hace tiempo se veía venir.
El relevo, en cambio, abre una ventana inesperada pero prometedora. Ernestina Godoy, quien asume la conducción de la Fiscalía, representa para muchos una bocanada de aire fresco y una esperanza real de transformación. Su trayectoria en la Ciudad de México como fiscal y como servidora pública le ha valido una reputación sólida. Es una mujer reconocida por su integridad, su carácter implacable frente a la corrupción y su seriedad profesional.
Para un país acostumbrado a ver desfilar funcionarios que llegan a cargos clave con compromisos opacos o con pasados cuestionables, la presencia de Godoy en la FGR ofrece una señal potente. No es exageración ni recurso retórico afirmar que México podría entrar en una de las etapas más eficientes en la persecución de delitos y en el desmantelamiento de redes de corrupción de alto nivel. El país ha sufrido durante décadas una impunidad estructural que parece inmune a reformas y cambios administrativos, por lo que la expectativa de contar con una fiscalía más profesional, más limpia y más comprometida se vive hoy como una posibilidad real.
Sin embargo, la oportunidad histórica que se abre requiere resultados inmediatos. La confianza ciudadana en las autoridades de justicia está profundamente erosionada y no se recuperará con discursos o con nombramientos simbólicos. Será indispensable que Godoy retome los casos emblemáticos que la Fiscalía mantuvo congelados o debilitados durante la gestión anterior y que lo haga con transparencia, con rigor institucional y sin favoritismos. El reto es enorme, pero también es inaplazable. De ella dependerá que el país deje atrás la era de la selectividad y el espectáculo judicial para entrar en una etapa donde la procuración de justicia tenga credibilidad y eficacia.
La salida de Gertz Manero cierra un ciclo que muchos consideran fallido y abre otro que despierta expectativas. El rumbo que tome la FGR en los próximos meses será decisivo para evaluar si este cambio representa únicamente una reacomodación política o el inicio de una transformación profunda. Por ahora, lo que existe es un ánimo social renovado y la convicción de que, por primera vez en varios años, la Fiscalía queda en manos más limpias, profesionales y comprometidas. El tiempo dirá si este momento marca un verdadero punto de inflexión para el sistema de justicia mexicano.
