El reciente relevo al frente de la Fiscalía General de la República (FGR) marca el cierre de un ciclo político y abre un nuevo capítulo institucional. El ahora exfiscal Alejandro Gertz Manero dejó su cargo tras casi siete años en el puesto, y su salida se concretó después de que aceptara una invitación para asumir una embajada.
Aunque su mandato todavía tenía tiempo por delante —estaba previsto hasta 2028—, el relevo se produjo tras intensas presiones políticas y negociaciones. El Senado aprobó la separación de Gertz con 74 votos a favor y 22 en contra, decisión cuestionada por sectores de la oposición que señalaron que ofrecer una embajada no constituye una “causa grave” tal como exige la Constitución.
Al presentar su carta, Gertz manifestó que la invitación diplomática le permitiría continuar “sirviendo al país” desde una nueva encomienda, descartando una renuncia tradicional por desgaste político. Con ello se disipa una de las últimas fichas —no designada por el actual gobierno— dentro del gabinete de seguridad federal.
Para ocupar de forma provisional la dirección de la FGR, fue designada Ernestina Godoy, quien hasta entonces se desempeñaba como consejera jurídica de la Presidencia. La encargada interina tiene permitido participar en el proceso formal de selección del nuevo fiscal, lo que consolida su posición como candidata a la titularidad definitiva.
El procedimiento para designar al sucesor definitivo está ya en marcha: de acuerdo con la normativa vigente, el Senado cuenta con veinte días para presentar una lista de al menos diez candidatos. Después, el Ejecutivo federal deberá proponer una terna, de la cual el Senado elegirá al nuevo titular con mayoría calificada.
Este relevo genera expectativas en cuanto al futuro de la procuración de justicia en el país. Para muchos, representa una oportunidad para transformar la Fiscalía, mejorar la coordinación con otras instituciones del sistema de seguridad y restablecer la credibilidad del órgano. Para otros, es el argumento más reciente de una estrategia para centralizar el poder judicial bajo un perfil alineado al actual gobierno.
El desenlace del proceso de selección del nuevo fiscal definirá si esta transición se convierte en un verdadero giro institucional o en un simple reacomodo de figuras.
