Durante los casi seis años en que Alejandro Gertz Manero dirigió la Fiscalía General de la República (FGR), la información sobre sus bienes y la de al menos doce funcionarios clave permaneció oculta.
De acuerdo con un análisis realizado en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y en Declaranet, al consultar las declaraciones patrimoniales correspondientes, “la información relativa a sus bienes no está disponible a partir del año en que ingresaron a trabajar en la fiscalía”. En ciertos casos, los documentos señalan que “el servidor no aceptó hacer públicos sus datos patrimoniales”; en otros, el comité de transparencia de la FGR determinó que, por razones de seguridad, los datos relativos a sus bienes e ingresos distintos de su salario debían clasificarse.
Entre los funcionarios que ocultaron su patrimonio figuran ex titulares de fiscalías especializadas, como Alfredo Higuera Bernal (ex titular de Delincuencia Organizada), Facundo Santillán Julián (Fiscales de Delitos Electorales), y otras figuras como María de la Luz Mijangos Borja (Combate a la Corrupción) y Felipe de Jesús Gallo Gutiérrez (Agencia de Investigación Criminal), entre otros.
Incluso en el caso de los exfuncionarios como Juan Ramos López, considerado cercano a Gertz Manero, sus datos patrimoniales solo están disponibles hasta 2019 —cuando aún pertenecía a la antigua PGR— y no se han actualizado desde que asumió cargos en la FGR. La sucesora de Ramos también omitió hacer públicos sus bienes al asumir su cargo en 2023.
En lo que respecta a Gertz Manero, en una sesión extraordinaria del comité de transparencia de la FGR, celebrada el 3 de mayo de 2024, se decidió clasificar sus datos patrimoniales por un periodo de cinco años. El dictamen indica que, al no haber dado su consentimiento para hacer pública la información, su divulgación representaría “una violación a sus derechos humanos”. Además, se argumentó que revelar el patrimonio completo pondría en riesgo su seguridad personal, la de su familia y de su equipo, debido al posible uso de dicha información por parte de grupos delincuenciales.
La normatividad aplicable exige que los servidores públicos presenten declaraciones patrimoniales y de intereses —bajo protesta de decir la verdad— para transparentar bienes, ingresos y posibles conflictos de interés. Estas declaraciones permiten detectar incrementos patrimoniales inexplicables, lo que activa alertas de posibles actos de corrupción. Sin embargo, la reserva generalizada de la versión pública de dichas declaraciones en la FGR durante la administración de Gertz Manero impidió cualquier control ciudadano o institucional sobre sus bienes, subrayando serios cuestionamientos respecto a la rendición de cuentas.
La opacidad patrimonial documentada en la FGR compromete la confianza ciudadana y reitera la necesidad de mecanismos efectivos de transparencia y supervisión en instituciones encargadas de impartir justicia.
