El exgobernador del estado Nueva Esparta y dirigente opositor venezolano Alfredo Díaz falleció este sábado en la cárcel del SEBIN, conocida como El Helicoide, en Caracas, tras más de un año detenido bajo acusaciones de “terrorismo” e “instigación al odio”. Según las autoridades penitenciarias, Díaz —de 55 años— sufrió un infarto alrededor de las 6:33 de la mañana; fue trasladado a un hospital, pero murió pocos minutos después.
Su detención se remonta a noviembre de 2024, en medio de una ola de arrestos políticos tras las elecciones presidenciales de ese año. Se le acusó de conspiración tras supuestamente intentar salir del país hacia Colombia —una versión rechazada por la oposición y activistas de derechos humanos, quienes denunciaron que su detención fue arbitraria. Durante su reclusión, Díaz permaneció aislado, casi incomunicado: solo se le permitió una visita, la de su hija.
La organización defensora de presos políticos Foro Penal condenó el hecho y advirtió que este sería otro caso más en la cadena de muertes de opositores detenidos en cárceles venezolanas. Su director destacó que el Estado tiene la responsabilidad de proteger la vida y salud de quienes están bajo su custodia. Por su parte, familiares, dirigentes de partidos opositores y activistas han reclamado una investigación urgente y han calificado el deceso como “una muerte potencialmente ilícita” que exige esclarecimiento independiente.
Este suceso reaviva las críticas internacionales hacia las condiciones en las cárceles venezolanas, especialmente en prisiones de control político, y plantea nuevas interrogantes sobre el tratamiento de detenidos en procesos judiciales vinculados a la disidencia. Varias voces señalan que la muerte de Díaz podría tener implicaciones en la presión sobre el régimen, tanto a nivel interno como diplomático, e incrementar la exigencia de rendición de cuentas por parte de instancias de derechos humanos.
