La Comisión Europea (CE) impuso una multa de 120 millones de euros a X —la red social propiedad de Elon Musk— por incumplir las obligaciones establecidas en la Digital Services Act (DSA), marcando la primera sanción de este tipo desde la entrada en vigor de esa normativa.
El fallo concluye una investigación de dos años, durante la cual la CE identificó tres deficiencias de X. En primer lugar, considera que el sistema de verificación —la famosa “marca azul” o “blue checkmark”— incurre en un “diseño engañoso”, pues tras la compra de la plataforma por Musk, cualquier usuario que pague una suscripción puede obtener dicha marca sin verificación real de identidad. Esto, de acuerdo con los reguladores, confunde a los usuarios sobre la autenticidad de las cuentas, y abre la puerta a estafas e impersonaciones.
Además, la CE criticó la falta de transparencia en el registro de publicidad de X: la plataforma no ofrecía un repositorio de anuncios accesible y comprensible, con información sobre quién paga, qué se anuncia y a qué audiencia se dirige. Esa opacidad resulta contraria a la obligación de permitir que usuarios, autoridades y organizaciones detecten posibles fraudes, manipulaciones políticas o campañas de influencia.
La sanción también se fundamenta en que X obstaculiza el acceso de investigadores a datos públicos (como interacciones, vistas y métricas), impidiendo así estudios independientes sobre riesgos sistémicos, desinformación, campañas de odio u otras problemáticas de interés público.
La cuantía de la multa se desglosa de la siguiente forma: 45 millones por la marca de verificación engañosa; 35 millones por la falta de transparencia en publicidad; y 40 millones por obstrucción al acceso de datos. Aunque la multa representa apenas una fracción del límite máximo —la DSA permite sanciones de hasta un 6 % de los ingresos globales de la empresa— para X significa aproximadamente un 5 % de sus ingresos mundiales 2024, por lo que no puede ignorarse.
Tras el anuncio, Musk respondió de forma airada calificando la sanción como “una locura” y arremetiendo contra la UE. A su vez, dirigentes estadounidenses reprocharon la decisión, argumentando que se trata de un ataque a las plataformas tecnológicas de Estados Unidos.
Por su parte, la CE defendió que la sanción no tiene nada que ver con censura, sino con transparencia y protección de usuarios. Según la comisaria responsable de tecnología, la DSA busca exigir responsabilidad a las grandes plataformas, sin importar su país de origen, y quien cumpla sus obligaciones no tiene de qué temer.
El veredicto también pone en evidencia que la regulación digital europea empieza a ser aplicada de forma real y con consecuencias concretas. Hasta ahora la DSA —promulgada en 2022 y vigente progresivamente desde 2023— se había limitado a advertencias y procesos preliminares; esta multa marca un antes y un después en la relación entre grandes plataformas y reguladores.
La sanción, aunque proporcional para la Comisión, es de alto valor simbólico: advierte a las empresas de que la era del “internet salvaje” —con prácticas opacas de monetización, verificación informal o algoritmos sin supervisión— llegó a su fin. La transparencia, el control de publicidad y el acceso a datos públicos se perfilan como estándares globales, no como políticas opcionales.


