El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el lunes una orden ejecutiva que clasifica al fentanilo, un potente opioide sintético ligado a una crisis de sobredosis en ese país, como un “arma de destrucción masiva”. El anuncio fue formulado desde la Casa Blanca durante un acto en el que, además, se entregaron condecoraciones militares a efectivos que apoyan la vigilancia en la frontera con México, en un movimiento que autoridades estadounidenses describen como parte de una estrategia más amplia para enfrentar el tráfico de drogas y proteger a ciudadanos de sus efectos mortales.
En el evento, Trump declaró que ninguna bomba causa el daño que está provocando el fentanilo, al afirmar que entre 200 000 y 300 000 personas mueren cada año, cifras que fueron repetidas en su discurso aunque las cifras oficiales de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) colocan las muertes por sobredosis de opioides en un rango menor. La orden ejecutiva sostiene que el potencial del fentanilo para ser utilizado en ataques terroristas concentrados representa una amenaza seria para la seguridad nacional estadounidense, equiparándolo con amenazas químicas de gran escala.
La clasificación de esta droga como arma de destrucción masiva amplía el enfoque de Washington sobre la crisis de opiáceos al enmarcar la producción y el tráfico de fentanilo como un problema de seguridad nacional, más allá de una cuestión de salud pública o criminal. La orden instruye a diversas agencias federales, incluidos el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado, a intensificar las acciones contra las redes criminales que fabrican y distribuyen fentanilo y sus precursores químicos.
El anuncio de Trump se da en un momento en el que la administración ha endurecido su discurso contra el fentanilo y otras drogas sintéticas, a la vez que mantiene políticas de presión sobre carteles y redes de tráfico, particularmente en la frontera sur. El mandatario estadounidense ha vinculado el flujo de fentanilo con organizaciones criminales transnacionales, reiterando que estas redes representan una amenaza directa para la seguridad de su país.
La reacción internacional y regional a esta medida ha sido variada. El gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, anunció que analizará las implicaciones de esta orden ejecutiva y cuestionó el enfoque de clasificar al fentanilo como un arma de destrucción masiva dado que también tiene usos médicos legítimos como anestésico. Sheinbaum subrayó la importancia de atender las causas del consumo y las políticas de prevención además de las estrategias punitivas.
La decisión de Trump ha generado debate entre expertos en política de drogas, seguridad y salud pública. Algunos sectores ven la clasificación como una forma de reforzar las herramientas legales y operativas para enfrentar el tráfico ilícito y sus consecuencias sociales. Otros advierten que este tipo de enfoque podría militarizar aún más la lucha contra las drogas, desplazando recursos de tratamientos de adicción y estrategias de reducción de daños, y potencialmente complicar la cooperación internacional que es clave para combatir los flujos de sustancias controladas.
