Honduras amaneció el día de Navidad bajo un clima de incertidumbre política luego de que uno de los principales candidatos presidenciales desconociera los resultados oficiales de las elecciones y denunciara un presunto fraude electoral, apenas horas después de que las autoridades declararan ganador a Nasry Asfura. La situación abrió la posibilidad de una crisis institucional en el país centroamericano, tras varias semanas de conteo de votos, revisión de actas y señalamientos de irregularidades en el proceso.
El Consejo Nacional Electoral de Honduras anunció como presidente electo a Nasry Asfura, exalcalde de Tegucigalpa y figura respaldada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La proclamación se dio luego de un proceso electoral complejo y prolongado, marcado por impugnaciones, recuentos parciales y disputas sobre la validez de ciertos sufragios correspondientes a los comicios celebrados el mes anterior. Asfura fue presentado como el vencedor en una contienda que mantuvo en vilo a la población durante varias semanas.
Sin embargo, Salvador Nasralla, uno de sus principales rivales en la elección, rechazó de inmediato la declaración oficial y aseguró que el resultado no refleja la voluntad popular. Nasralla, conocido en Honduras por su trayectoria como comentarista deportivo y conductor de programas de concursos, y quien ha participado en cuatro ocasiones como candidato presidencial, afirmó que aún existen votos en disputa que no han sido debidamente contabilizados, a pesar de los días de revisión de actas electorales cuestionadas.
El excandidato sostuvo que el proceso de revisión no fue transparente ni exhaustivo y que persisten inconsistencias que, a su juicio, alteran el resultado final de la elección. En sus declaraciones públicas, expresó frustración por el papel desempeñado por Estados Unidos en el proceso hondureño, al considerar que el respaldo político externo influyó en el desenlace de la contienda. Sus críticas se centraron en lo que describió como una falta de imparcialidad internacional frente a las denuncias presentadas por su equipo.
Las acusaciones de Nasralla reavivaron temores de inestabilidad política en un país que ha enfrentado episodios similares en procesos electorales anteriores, donde los resultados han sido objeto de controversia y han derivado en protestas sociales y crisis de gobernabilidad. La prolongación del conteo y las disputas postelectorales ya habían generado un ambiente de desconfianza entre distintos sectores de la sociedad hondureña, que observan con cautela los siguientes pasos de las autoridades y de los actores políticos.
Hasta el momento, los organismos electorales han defendido la legalidad del proceso y la validez de los resultados anunciados, señalando que se cumplieron los procedimientos establecidos para la revisión de actas impugnadas. No obstante, el desconocimiento público de los resultados por parte de uno de los principales contendientes mantiene abierto un escenario de tensión que podría escalar si no se logra un consenso político o una resolución institucional que brinde certeza al proceso.
El contexto adquiere especial relevancia debido a la fragilidad democrática que enfrenta Honduras, una nación de alrededor de 10 millones de habitantes que en los últimos años ha lidiado con problemas estructurales como la corrupción, la violencia y la migración. En este escenario, la legitimidad del nuevo gobierno será clave para la estabilidad interna y para la relación del país con la comunidad internacional.
Mientras tanto, la población hondureña observa con preocupación el desarrollo de los acontecimientos en un periodo tradicionalmente dedicado a la convivencia familiar y la celebración navideña, pero que en esta ocasión estuvo marcado por el riesgo de una nueva crisis política derivada de un proceso electoral aún cuestionado por uno de sus protagonistas.
