El inicio de 2026 ha estado marcado por una escalada sin precedentes en la política exterior de Estados Unidos, con el presidente Donald Trump al centro de una controversia global tras ordenar una operación militar en Venezuela que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, acusados en Estados Unidos de narcoterrorismo y tráfico de drogas. En la madrugada del 3 de enero, al menos siete explosiones y múltiples aeronaves militares estadounidenses operaron en Caracas y otras zonas estratégicas del país suramericano, en lo que se conoce como la denominada Operación Resolución Absoluta. Tras los ataques, Maduro fue trasladado a Nueva York para enfrentar cargos federales, mientras el gobierno venezolano calificó la intervención como una “agresión imperialista”.
Esta incursión, ejecutada sin previa notificación al Congreso estadounidense, ha sido interpretada por numerosos expertos como una acción contraria al derecho internacional y una manifestación de una política exterior más beligerante. Las Fuerzas Armadas de Washington mantendrán presencia en territorio venezolano “hasta que un gobierno de transición sea establecido”, según el análisis de la operación. El evento también generó un estado de emergencia nacional en Venezuela y una fuerte respuesta diplomática de varios países de la región.
La administración Trump ha vinculado parte de su estrategia a la lucha contra el narcotráfico, bajo marcos como la Operación Lanza del Sur, diseñada para presionar a redes de tráfico ilícito que atraviesan el Caribe y Sudamérica, aunque críticos señalan que la verdadera motivación podría incluir intereses energéticos y de control geopolítico.
Poco después de este ataque, Trump amplió su retórica y objetivos estratégicos. En una entrevista con la revista The Atlantic, expresó que “necesitamos Groenlandia, absolutamente” por razones de seguridad nacional, sugiriendo que la isla ártica podría convertirse en un foco futuro de intervención. Esta declaración generó alarma en Copenhague y Nuuk, donde líderes daneses y groenlandeses rechazaron la idea de una anexión forzada. La primera ministra de Dinamarca afirmó que “EE. UU. no tiene derecho a anexionarse Greenland”, y enfatizó que cualquier acción de este tipo sería contraria al derecho internacional y dañina para la alianza de la OTAN.
La respuesta internacional a estos acontecimientos ha sido contundente. Países como Brasil, China y Rusia calificaron el ataque en Venezuela como un “crimen de agresión”, mientras que en Europa varios líderes subrayaron la importancia de respetar la soberanía y la integridad territorial de Groenlandia. Asimismo, en América Latina se observa una creciente preocupación por un posible patrón de intervenciones estadounidenses hacia otros gobiernos de la región.
La combinación de estas acciones y declaraciones ha generado un clima de incertidumbre geopolítica, con repercusiones en alianzas estratégicas tradicionales y debates sobre los límites de la influencia estadounidense en el hemisferio occidental y más allá. La sucesión de eventos plantea interrogantes sobre la dirección futura de las relaciones internacionales y sobre cómo responderán otros gobiernos a las ambiciones expresadas por la Casa Blanca.
