Decenas de personas se concentraron a las afueras del edificio federal Bishop Henry Whipple en Mineápolis para exigir justicia tras el asesinato de la ciudadana estadounidense Renee Nicole Good, una poeta de 37 años, madre de tres hijos, quien fue ultimada a tiros por un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Las movilizaciones, que también se replicaron en ciudades como Nueva York, Seattle, Detroit, Washington, Los Ángeles, Filadelfia, San Antonio, Nueva Orleans y Chicago, derivaron en enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas federales, que respondieron con gases lacrimógenos y aerosol de pimienta para dispersar a quienes protestaban por lo que consideraron un uso excesivo de la fuerza por parte de agentes migratorios. La manifestación incluyó consignas contra el propio ICE y exigencias de que las fuerzas federales se retiraran de las comunidades, colocando el foco en la muerte de Good como un símbolo de tensiones crecientes sobre las políticas de inmigración y el accionar de las autoridades en Estados Unidos. La protesta en Mineápolis fue duramente reprimida por agentes de la Patrulla Fronteriza, que utilizaron medidas de control de multitudes frente a quienes condenaban el incidente y demandaban respuestas oficiales claras.
El caso de Renee Nicole Good se produjo cuando agentes del ICE se acercaron al vehículo en el que ella se encontraba, con la intención de abrir la puerta, lo que llevó a que Good diera marcha atrás brevemente antes de ser alcanzada por varios disparos efectuados por el agente Jonathan Ross. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha señalado que el agente actuó bajo la percepción de una amenaza inminente, argumentando que su vida estaba en peligro, postura respaldada por la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem. La explicación oficial incluye referencias al hecho de que Ross había sido herido seis meses antes al ser atropellado por un conductor sin documentos, lo que, según declaraciones del vicepresidente JD Vance, pudo haber influido en su reacción durante el incidente fatal. El gobierno también informó que, hasta la fecha, se han detenido alrededor de mil 500 migrantes en el área de Mineápolis, en un contexto de intensificación de las acciones contra la migración irregular.
Las reacciones frente al asesinato de Good no se limitaron únicamente a las protestas. Figuras como el filósofo y activista Cornel West denunciaron el hecho como parte de un patrón más amplio de prácticas autoritarias y represivas, calificándolo como un avance hacia formas de fascismo en Estados Unidos, lo que intensificó el debate público sobre el uso de la fuerza por parte de agentes federales y la protección de los derechos humanos, especialmente en casos que involucran a migrantes y personas en situaciones vulnerables. Por otro lado, investigadores en Minnesota informaron que tanto la fiscalía estadounidense como la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) han restringido el acceso a evidencias relacionadas con la muerte de Good, limitando la participación de órganos independientes en la investigación en curso.
Mientras tanto, en Portland, Oregon, otro incidente relacionado con el accionar de agentes fronterizos fue reportado, en el que la Patrulla Fronteriza hirió a un hombre venezolano sin estatus migratorio legal, señalado por las autoridades como miembro del cartel Tren de Aragua, tras el supuesto intento de atropellar a agentes durante una revisión de vehículos. El DHS describió que el conductor huyó tras el enfrentamiento con los oficiales, quienes, según su versión, dispararon en defensa propia ante lo que consideraron una amenaza directa. Este suceso ocurre en medio de una serie de operaciones y enfrentamientos que han colocado a las agencias migratorias en el centro de la discusión pública en diversas regiones de Estados Unidos.
El conjunto de protestas, la respuesta de las fuerzas federales y las declaraciones oficiales de altas autoridades, incluidas justificantes del uso de la fuerza, reflejan un momento de tensión en la política de inmigración estadounidense y en las relaciones entre la ciudadanía y las agencias encargadas de su aplicación. La muerte de Good ha generado un debate intenso en torno a la rendición de cuentas, la transparencia en las investigaciones y la protección de los derechos civiles, temas que continúan desarrollándose mientras crece la demanda de respuestas claras y acciones que eviten que hechos similares se repitan en el futuro.
