El Gobierno de Bolivia y los principales sindicatos obreros y campesinos alcanzaron este domingo un acuerdo para abrogar el controvertido decreto que eliminaba la subvención a los combustibles y que provocó intensas protestas y bloqueos de carreteras en las últimas semanas.
La negociación, que se desarrolló entre representantes del Ejecutivo y dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB), incluyó a seis ministros del gabinete, entre ellos los titulares de la Presidencia, Economía y Gobierno. El documento firmado por las partes establece que “el decreto 5503 se abrogará en su totalidad” y se conformará una comisión para elaborar “un nuevo decreto” que **“mantendrá de manera exclusiva los artículos referidos a la subvención de combustibles””.
El pacto permite también que se mantengan otras medidas sociales acordadas anteriormente, como la reprogramación de créditos en el sistema bancario, la mejora de los bonos sociales y el ordenamiento de la política salarial, según lo consignado en el acuerdo.
Tras la firma, los sectores movilizados anunciaron que levantan todas las medidas de presión, incluidos los bloqueos que habían afectado rutas principales desde el pasado martes y que dejaron a numerosas personas varadas.
El dirigente minero y máximo representante de la COB, Mario Argollo, destacó el resultado del diálogo al afirmar que “aquí no han perdido los ministros, no han ganado los dirigentes, ha ganado Bolivia”, y señaló que el pueblo comprendió que el decreto, “tal como está, no servía”.
El controvertido decreto 5503, vigente desde el 17 de diciembre de 2025, había generado un fuerte rechazo social por eliminar subsidios que estuvieron vigentes por más de dos décadas y por fijar nuevos precios de los combustibles, que incluían aumentos de hasta el 162 % en diésel respecto a los valores subvencionados.
El acuerdo pone fin a días de protestas, marchas y bloqueos que paralizaron sectores del país y que habían generado pérdidas económicas significativas, además de tensiones entre el Ejecutivo y diversas organizaciones sociales que pedían la abrogación íntegra del decreto.
