El gobierno de Estados Unidos anunció que congelará de manera indefinida el procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de al menos 75 países, una medida que entrará en vigor el próximo 21 de enero y que se mantendrá hasta nuevo aviso. La decisión fue confirmada este miércoles por un portavoz del Departamento de Estado y se enmarca en una revisión amplia de los procedimientos migratorios del país.
De acuerdo con información difundida previamente por la cadena Fox News, la suspensión tiene carácter indefinido y responde a una evaluación interna que realizará el Departamento de Estado sobre los actuales mecanismos de procesamiento de inmigración. El objetivo central, según las autoridades estadounidenses, es reforzar los criterios de elegibilidad y evitar la entrada de personas que puedan depender de programas de asistencia social financiados con recursos públicos.
Entre los países afectados por esta medida se encuentran varias naciones de América Latina y el Caribe, como Antigua y Barbuda, Brasil, Bahamas, Belice, Barbados, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Jamaica, Nicaragua, Saint Kitts y Nevis, Saint Vincent y las Granadinas, así como Uruguay. La lista también incluye países de otras regiones, entre ellos Somalia, Rusia, Afganistán, Irán, Irak, Egipto, Nigeria, Tailandia y Yemen.
El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, señaló que la dependencia utilizará su autoridad histórica para declarar no elegibles a los posibles inmigrantes que, a juicio de las autoridades, pudieran convertirse en una carga pública para Estados Unidos. En ese sentido, afirmó que el país buscará proteger los recursos destinados a programas sociales y garantizar que los beneficios públicos no sean utilizados de manera indebida.
Pigott explicó que el procesamiento de visas de inmigrante provenientes de los países incluidos en la lista quedará suspendido mientras se lleva a cabo la reevaluación de los procedimientos migratorios. Subrayó que esta revisión tiene como finalidad fortalecer los filtros de ingreso y prevenir la admisión de ciudadanos extranjeros que recurran a la asistencia social y a otros beneficios financiados por el Estado estadounidense.
La medida podría tener un impacto significativo en miles de solicitantes de visa que se encuentran en distintas etapas del proceso migratorio, así como en familias que buscan la reunificación legal en Estados Unidos. Hasta el momento, el Departamento de Estado no ha precisado cuánto tiempo durará la suspensión ni qué criterios específicos se modificarán tras la revisión anunciada.
Este anuncio se produce en un contexto de endurecimiento del discurso migratorio en Estados Unidos y de mayor escrutinio sobre los mecanismos de ingreso legal al país. Organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes han advertido que la suspensión podría generar retrasos prolongados y mayor incertidumbre para personas que cumplen con los requisitos legales, mientras que las autoridades estadounidenses sostienen que se trata de una medida administrativa orientada a reforzar la integridad del sistema migratorio.
