La cifra de policías muertos en Guatemala tras una ola de violencia perpetrada por presuntos pandilleros aumentó a nueve, según confirmaron fuentes oficiales este lunes en la capital del país, donde las autoridades realizan homenajes por los agentes caídos y el Gobierno ha decretado un estado de sitio para contener la crisis de seguridad que se vive tras motines y ataques coordinados. El saldo de fallecidos se elevó a nueve después de que uno de los oficiales heridos en emboscadas muriera a causa de las lesiones sufridas, de acuerdo con información de agencias internacionales y reportes oficiales.
La violencia que ha sacudido a Guatemala comenzó el fin de semana con motines en al menos tres cárceles del país protagonizados por reclusos, entre ellos integrantes de la pandilla Barrio 18, quienes tomaron decenas de guardias como rehenes para exigir privilegios para sus líderes encarcelados. Las autoridades lograron retomar el control de las prisiones, pero poco después se desataron ataques en distintas zonas de Ciudad de Guatemala y sus alrededores, en los que miembros de pandillas emboscaron a policías y fuerzas de seguridad, provocando una serie de enfrentamientos que dejaron inicialmente siete agentes muertos y más de una docena heridos.
El noveno policía fallecido —identificado como Frallan Medrano— murió en las primeras horas del lunes como consecuencia de las heridas sufridas en una emboscada, confirmaron autoridades, que han vinculado los atentados a represalias por las acciones en las prisiones. Las agresiones también dejaron civiles afectados por el clima de inseguridad y obligaron a las autoridades a reforzar la presencia policial y militar en las principales rutas y zonas urbanas del país.
En respuesta a la escalada de violencia, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, declaró un estado de sitio por 30 días, una medida que amplía los poderes de las fuerzas de seguridad y puede limitar temporalmente algunas libertades civiles con el objetivo de restaurar el orden. La declaración fue respaldada por el Congreso guatemalteco y busca facilitar la labor de las autoridades para perseguir a los grupos criminales responsables de los ataques. El mandatario ha calificado los hechos como un atentado no solo contra los policías, sino contra la nación entera, y ha prometido que los responsables no quedarán impunes.
El contexto de estos hechos es una persistente crisis de seguridad que enfrenta Guatemala, donde las pandillas como Barrio 18 y Mara Salvatrucha han sido señaladas como actores de alto impacto en la violencia criminal y, en octubre pasado, fueron oficialmente clasificadas como organizaciones terroristas por el Congreso del país. Las autoridades penitenciarias han enfrentado múltiples motines e intentos de subversión dentro de los centros de detención, lo que ha generado una respuesta enérgica del Estado para retomar el control de las cárceles y desarticular las redes de poder de estas bandas.
La situación de inseguridad ha provocado además la suspensión de clases en todo el país como medida preventiva, así como recomendaciones a la ciudadanía para limitar sus desplazamientos ante la presencia de operativos de seguridad y patrullajes intensivos. La conmoción por la muerte de los agentes ha generado reacciones de repudio en la sociedad guatemalteca y llamados a fortalecer las estrategias de combate al crimen organizado, que han estado en el centro del debate público y político en los últimos años.
La crisis actual plantea un reto significativo para las autoridades de Guatemala, que deberán equilibrar la aplicación de medidas excepcionales con el respeto a los derechos civiles, al mismo tiempo que buscan desarticular las estructuras criminales que han demostrado capacidad de ejecutar ataques coordinados contra las fuerzas del orden. El desarrollo de los operativos y el impacto de las decisiones de seguridad continuarán siendo observados de cerca por la comunidad internacional y organismos especializados en derechos humanos y seguridad pública.
