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Ataques al INE debilitan el Estado de Derecho

Editorial La Revista Peninsular
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La decisión tomada por el INE de negar el registro
de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero ocasionó una severa
campaña de desprestigio en contra de esta autoridad electoral por parte de
Morena y sus aliados. Dado que estos ataques han carecido de sustento, deben
ser reprochados pues ponen en riesgo el desarrollo democrático del país ya que
habrá elecciones en menos de dos meses.

Los llamados a erradicar el instituto electoral
comenzaron con Salgado Macedonio cuando se le negó el registro como candidato
por no entregar su informe de gastos de precampaña en tiempo y forma. El
senador con licencia llegó a amenazar de manera directa a los consejeros
electorales al decir que difundiría el domicilio de quienes no voten a su favor
para encararlos, además de mostrar un ataúd con la leyenda: Lorenzo, cuenta tus
días rata del demonio.

Durante todos estos ataques y amenazas estuvo
presente el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, quien también lanzó
acusaciones infundadas sobre los consejeros. Además, amagó con someter a juicio
político a quienes votaran en contra de Félix Salgado; amenaza seria pues viene
de la cabeza del partido político con mayoría en ambas cámaras legislativas.
Este respaldo institucional propició que militantes guindas y aliados se
unieran a las críticas contra la autoridad electoral, como lo hizo Olga Sánchez
Cordero, Claudia Sheinbaum, Fernando Noroña e incluso el empresario Ricardo
Salinas Pliego.

Los inconformes con el INE alegaban que la medida
impuesta a Salgado Macedonio no era proporcional a la pena cometida. Esta es
una opinión respetable, aunque es necesario aclarar que la autoridad electoral
actuó exactamente como la ley le indica pues esta dicta que no podrá otorgarse
candidatura a quien no entregue su informe de gastos de precampaña en tiempo y
forma. Ahora bien, el marco normativo contempla vías jurisdiccionales para que
los inconformes puedan impugnar lo impuesto por el INE, entonces está
completamente fuera de lugar la politización del conflicto mediante
denostaciones públicas.

Se dijo que el INE debía ser eliminado o renovado a
profundidad pues era un órgano caduco sin credibilidad ante la población, lo
cual no podría estar más alejado de la realidad. El INE se ha consolidado como
uno de los órganos electorales más profesionales en la región por la
certidumbre que brinda a los procesos democráticos mexicanos.

El estado de Yucatán es una de las mejores muestras
del funcionamiento del INE pues en esta entidad el gobierno estatal es panista,
el Congreso local tiene una mayoría priista y el ejecutivo federal, como en
todo el país, es de Morena. Esta diversidad política en los poderes solo es
posible en una democracia sana con órganos electorales funcionales.

Esto no significa que rechacemos reformas al INE
pues estamos conscientes que no es un organismo perfecto. Sin embargo, no
podemos ignorar el contexto en el cual se proponen estos cambios y el tono con
el que expresan. Estamos viendo ante una campaña de desprestigio emprendida por
el partido que hoy tiene mayor poder en el país para someter a la autoridad
electoral. En esta campaña de desprestigio, se exige la eliminación del INE y
la persecución de consejeros electorales; todo por cumplir la ley al pie de la
letra.

Hace mucho que no se
veía en el gobierno esta férrea intención de someter a la autoridad electoral.
Los ciudadanos debemos estar al tanto de cómo evoluciona el conflicto pues nos
corresponderá reprochar los desplantes que se lleven a cabo en contra de
nuestro sistema democrático. Todos tienen derecho a discernir, pero siempre
debe hacerse con argumentos y sustento probatorio, especialmente cuando se
ocupa un cargo de poder. Si el partido mayoritario no está conforme con lo
dispuesto por el INE, está en todo su derecho de impugnar, pero no podemos
permitir que lo haga mediante demostraciones autoritarias pues entonces se
debilita el Estado de Derecho mexicano

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