Rusia ha confirmado el bloqueo total de la aplicación de mensajería WhatsApp en su territorio, una medida anunciada por el gobierno como parte de una estrategia para reforzar el control estatal sobre las comunicaciones digitales y la infraestructura de internet en el país. Las autoridades rusas sostienen que la plataforma, propiedad de la empresa estadounidense Meta, no cumple con la legislación local vigente y han instado a los ciudadanos a utilizar una alternativa “nacional” de mensajería, denominada MAX, que es promovida por el Estado como sustituto para los más de 100 millones de usuarios que tenía el servicio en el país.
El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, explicó que la decisión de bloquear WhatsApp se tomó tras meses de presionar a Meta para ajustarse a las leyes rusas sobre protección de datos y almacenamiento de información de los usuarios en servidores locales. Moscú ha argumentado que la empresa se mostró “reticente” a cumplir con esos requisitos, lo que según las autoridades justificó la implementación de la prohibición y la recomendación de cambiar a la aplicación estatal.
Desde inicios de la semana, las restricciones también alcanzaron a Telegram, otra plataforma de mensajería ampliamente utilizada en Rusia, aunque el bloqueo contra WhatsApp marca una escalada significativa en las medidas del gobierno para controlar las comunicaciones digitales. La ofensiva sobre estos servicios se inscribe en una política de largo plazo para limitar la influencia de plataformas extranjeras y promover servicios tecnológicos bajo control estatal.
WhatsApp, por su parte, respondió públicamente a través de la red social X denunciando que las autoridades rusas intentaron bloquear completamente el servicio con la intención de “empujar a la gente hacia una aplicación de vigilancia propiedad del Estado”. La empresa señaló que intentar aislar a más de 100 millones de usuarios de una comunicación privada y segura representa “un retroceso” y puede conducir a una menor seguridad para las personas dentro de Rusia.
La aplicación estatal MAX, promovida por el gobierno, ha sido presentada como una alternativa accesible para los ciudadanos, aunque críticos nacionales e internacionales han advertido que carece de mecanismos de cifrado de extremo a extremo equivalentes a los de WhatsApp, lo que podría facilitar la supervisión de las comunicaciones por parte de las autoridades. Las voces críticas temen que esta política derive en una mayor vigilancia estatal de las interacciones privadas de los usuarios.
El bloqueo de WhatsApp se produce en un contexto de creciente control del Estado ruso sobre el espacio digital. En años recientes, las autoridades han venido imponiendo restricciones a redes sociales y servicios extranjeros bajo pretextos de seguridad y cumplimiento legislativo, y han promovido simultáneamente el uso de servicios tecnológicos desarrollados localmente o bajo supervisión estatal. Analistas señalan que estas acciones forman parte de un esfuerzo más amplio por construir lo que se conoce como un “internet soberano”, un entorno digital separado de las infraestructuras tecnológicas occidentales que permite una supervisión más estricta por parte del gobierno.
Organizaciones defensoras de los derechos digitales consideran que estas medidas suponen un importante retroceso para la libertad de información y de expresión en Rusia, donde el acceso a información y servicios globales ya se había visto restringido en diversas ocasiones por decisiones regulatorias previas. La imposición de bloqueos y el impulso a aplicaciones controladas por el Estado plantean interrogantes sobre la protección de la privacidad de los usuarios y el equilibrio entre regulaciones nacionales y derechos digitales en un contexto de tensiones geopolíticas y conflictos.
En resumen, el bloqueo de WhatsApp por parte de las autoridades rusas representa un paso más en la consolidación de un control estatal más riguroso del espacio digital, con implicaciones profundas para la privacidad, la libertad de información y el uso de tecnologías extranjeras dentro del país. La situación sigue evolucionando a medida que los usuarios y los proveedores de servicios tecnológicos buscan alternativas y responden a las restricciones impuestas.
