El diputado local de Morena y presidente del Congreso del estado de Campeche, José Antonio Jiménez Gutiérrez, confirmó que promovió un juicio de amparo que lo protege ante una posible detención o privación de la libertad, luego de que policías ministeriales ingresaran al recinto legislativo estatal durante la instalación del periodo ordinario de sesiones de la 65ª Legislatura.
La presencia de agentes de seguridad en los alrededores del Poder Legislativo, registrada el 1 de febrero, generó inquietud entre los legisladores, lo que motivó que Jiménez Gutiérrez y otros cuatro diputados locales solicitaran protección ante la justicia federal. En su declaración, el diputado explicó que “hubo una violación al recinto legislativo con la presencia de policías ministeriales; el recinto legislativo no solo incluye las oficinas administrativas y el pleno, sino también sus alrededores”, y añadió que el amparo fue promovido “para que podamos realizar nuestro trabajo de la mejor manera”.
El contexto político de esta acción está enmarcado en una pugna entre Jiménez Gutiérrez y la gobernadora Layda Sansores San Román, también de Morena, por la negativa de los legisladores a aprobar un crédito solicitado por el Poder Ejecutivo estatal por mil millones de pesos.
Desde noviembre pasado, la bancada de Morena en el Congreso local ha enfrentado fracturas internas que derivaron en la pérdida de la presidencia del Legislativo para Jiménez Gutiérrez, luego de que varios de sus compañeros votaron a favor de una propuesta de Movimiento Ciudadano para encabezar la mesa directiva.
A pesar de las tensiones, el legislador afirmó que se han sostenido reuniones con la gobernadora para retomar el diálogo, aunque reconoció que las conversaciones se detuvieron temporalmente por motivos de la temporada de Carnaval. “Gracias a esos diálogos, la mandataria se comprometió pues no hay carpeta de investigación alguna en contra de los legisladores considerados disidentes”, dijo el diputado.
La Fiscalía General del Estado de Campeche, por su parte, ha sostenido que no existen investigaciones formales ni órdenes de aprehensión en contra de Jiménez Gutiérrez, y que la presencia de los policías obedece a labores de vigilancia rutinaria.
Este episodio pone en relieve la tensión entre poderes locales y las medidas legales que los integrantes del Legislativo adoptan para resguardar su función pública y autonomía institucional en medio de controversias políticas.
