El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), encabezado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, operaba a través de una extensa red de complicidades con autoridades locales, incluyendo policías que permitieron su control territorial en diversas regiones. Según informes, “El Mencho” no solo usaba sobornos para manipular la policía, sino que incluso mantenía a varios municipios en su nómina. Estas autoridades fueron responsables de proteger sus rutas de narcotráfico, garantizar espacios para esconderse y realizar actividades ilícitas, como la producción de drogas.
Entre los municipios más involucrados se encuentran Tapalpa, Sayula, Atoyac y varios otros en Jalisco, con pagos mensuales que superaban el millón de pesos. Esta estructura de protección policial garantizaba la libertad de acción del cártel, asegurando que pudieran realizar trasiegos de droga, esconder a miembros del CJNG y operar con total impunidad en vastas zonas del estado. Documentos obtenidos también revelaron la presencia del cártel en áreas cercanas a la costa de Jalisco, como Tomatlán y Cabo Corrientes, reforzando el dominio territorial en la región.
Además de las pruebas de sobornos, el CJNG había establecido otros mecanismos de control social, como el pago a “halcones” que proporcionaban información estratégica sobre operativos de seguridad, así como la organización de eventos comunitarios que ayudaban a mantener la lealtad y el apoyo de las poblaciones locales. Esta compleja red de corrupción permitió al cártel operar casi sin restricciones hasta la reciente caída de “El Mencho”.
Este panorama revela cómo el crimen organizado ha logrado infiltrarse en las estructuras de poder locales, un fenómeno que se extiende más allá de Jalisco y que involucra a otras autoridades en el país, como lo evidencia el caso del exalcalde de Teuchitlán y otros funcionarios arrestados.
