Editorial La Revista Peninsular
A principios de semana, el presidente Andrés Manuel
López Obrador publicó un acuerdo para decretar que las principales obras de su
gobierno sean consideradas de interés público y seguridad nacional. Esta
disposición fue ampliamente criticada en la discusión pública pues distintos
sectores del país advirtieron que es inconstitucional y que promueve la
opacidad administrativa.
El decreto dado a conocer el lunes por la noche
establece que se declaran de interés público y seguridad nacional los proyectos
a cargo del gobierno federal que estén relacionados con el sector de
comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico,
medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas las
modalidades, energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por sus
características, se consideren prioritarios y estratégicos para el desarrollo
nacional.
De igual manera, el decreto instruye a las
dependencias de la Administración Pública Federal a otorgar autorizaciones
provisionales siempre que se soliciten dictámenes, permisos o licencias para
iniciar los proyectos referidos anteriormente; así, se podrá garantizar su ejecución
oportuna y el beneficio social. La autorización provisional tendrá una vigencia
de 12 meses y, durante este tiempo, se deberán llevar a cabo los trámites para
obtener una autorización definitiva de acuerdo a lo establecido en la ley.
En términos más sencillos, el acuerdo promovido por
Presidencia de la República le ordena a quienes componen la Administración
Pública Federal aceptar, sin mayor revisión, los trámites y solicitudes que
reciban sobre los principales proyectos federales. El Tren Maya, el Aeropuerto
Internacional “Felipe Ángeles” o la refinería de Dos Bocas son algunas de las
obras que entrarían en esta consideración.
En la conferencia matutina del martes, el presidente
López Obrador explicó que el objetivo del decreto era agilizar los trámites de
las obras para impedir que se detengan por procesos burocráticos. Igualmente,
negó que la disposición vaya a interferir con las obligaciones de transparencia
del gobierno y pidió confianza para las dependencias públicas.
A pesar de que el titular del ejecutivo pidió un voto
de confianza, distintos sectores del país se manifestaron en contra del decreto
por considerarlo un desplante autoritario que atenta contra la Constitución y
el Estado de Derecho.
En ambas cámaras legislativas, diputados y senadores
de oposición criticaron el acuerdo y llamaron al poder ejecutivo a retractarse.
La coalición “Va por México” de la Cámara de Diputados anunció que interpondrá
una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) por el decreto, mientras que el coordinador del PAN en el Senado, Julen
Rementería, solicitó a la presidenta de la Cámara Alta, Olga Sánchez Cordero,
tomar cartas en el asunto debido a la trasgresión constitucional perpetrada.
Las dirigencias de los partidos de oposición también
compartieron su inconformidad con la disposición, como el dirigente panista
Marko Cortés quien recordó que, en campaña, Andrés Manuel López Obrador
prometió acabar con las adjudicaciones directas, pero ahora hay más que en el
sexenio anterior. Además, el líder blanquiazul dijo que el gobierno de Enrique
Peña Nieto fue señalado por corrupción, pero nunca se atrevió a realizar un
acto tan autoritario como ocultar toda la información de los proyectos
importantes.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales (INAI), en su calidad de órgano
público abocado al libre acceso a la información pública, también anunció que
presentará una controversia constitucional ante la SCJN. De acuerdo a un
comunicado dado a conocer por este instituto, existe el temor a que se vulnere
el derecho de acceso a la información pues, cuando un proyecto es considerado
de seguridad nacional, las autoridades tienen la facultad de reservarse
información relativa a este y negarse a hacerla pública.
Ahora bien, la Barra Mexicana de Abogados calificó el
acuerdo como inconstitucional y criticó que violenta el principio de división
de poderes pues pretende que se ignoren las leyes emanadas del poder
legislativo, así como también transgrede disposiciones de competencia económica
y medio ambiente. Abogados de la talla de Miguel Carbonell y el exministro José
Ramón Cossío coincidieron en la inconstitucionalidad del decreto.
Las cámaras y grupos empresariales no se quedaron
atrás ya que también expusieron sus críticas sobre el acuerdo.
La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción
advirtió que, al haber menos rigurosidad administrativa, aumentaría la
improvisación y con ello los costos de las obras, así como igual advirtió que
bajaría la calidad de los proyectos ya que no habría suficiente tiempo durante
los trámites para identificar errores o problemas. Por su parte, la
Confederación de Cámaras Industriales rechazó el acuerdo por afectar la libre
competencia, disminuir los niveles de transparencia y generar posibles actos de
corrupción. Finalmente, el Consejo Coordinador Empresarial también estuvo en
desacuerdo con lo dispuesto pues consideró que se le permite al Estado omitir
su obligación de proteger el medio ambiente, la seguridad pública y los
Derechos Humanos.
Si bien, es respetable que existan diversas posturas
sobre el tema, es prudente señalar que los argumentos de quienes se oponen al
acuerdo parecen ser más contundentes que los argumentos de quienes se
posicionan a favor del mismo. Mientras que los inconformes cuentan con una
variedad de argumentos fundamentados en la Constitución y la legalidad, quienes
apoyan el acuerdo se limitan a decir que su objetivo es agilizar los trámites
para lograr que las obras se entreguen en las fechas prometidas lo cual, tras
un análisis del planteamiento, denota falta planeación y profesionalismo por
parte de quienes son responsables de los proyectos.
Dado que el gobierno federal no parece tener la
intención de ceder ante las críticas, es probable que este conflicto se
solucione cuando los ministros y ministras de la SCJN definan si el acuerdo
presidencial es constitucional o no; sin embargo, aún falta tiempo para esto.
En tanto, esperemos que este tema no sea usado por gobierno y oposición para
atacarse mutuamente como desafortunadamente ha sucedido con la reforma
energética.
