Claroscuro, por: Francisco López Vargas.
El tema de la mitad de mandato de Andrés Manuel López Obrador da para mucho: quedó claro que el que hizo campaña en 2018 no es el que tomó posesión ese diciembre y menos quien gobierna hoy la república y terminará su gestión legal el 30 de septiembre de 2024.
De facto, López Obrador ha gobernado México prácticamente desde el día siguiente de la elección y con más poder desde el día que tomaron posesión los integrantes de la LXIV donde, como ahora, tuvo la mayoría suficiente para modificar leyes y programas antes del inicio de su gestión.
Después de los comicios de junio de 2021, el presidente tomó conciencia de que esos comicios operaron como una calificación a su mandato lo que lo ha tenido muy molesto no sólo porque perdió fortaleza en las principales capitales del país donde las hubo sino porque, además, el poderío de su gestión se vio seriamente comprometido en la sede del ejecutivo en Ciudad de México.
López Obrador con 30 millones 113.4 miles de votos ganó la presidencia lo que representó el 36 por ciento más que su antecesor, Enrique Peña Nieto. No hay duda de su triunfo, pero tampoco hay dudas, ya pasado suficiente tiempo para evaluarlo, de que no estaba preparado para cumplir lo que ofreció a cada auditorio que lo escuchó en campaña.
La contundencia de su éxito fue de hasta un 79 por ciento de los votos en las entidades y en Yucatán, donde la izquierda nunca lograba suficientes sufragios, arrasó y derrotó a sus adversarios de los otros partidos.
Sin embargo, en los comicios de 2021, Morena logró en todo el país sólo 17 millones 180 mil votos y perdió en casi todas las capitales estatales a pesar de que se alzó con 11 de las 15 gubernaturas.
Los datos señalan con claridad que el ejercicio del poder desgasta y si bien el presidente bajó de una aprobación mayor de 80 por ciento a una superior al 60, la realidad es que esa aceptación personal no se la traslada ni a su partido ni a su gobierno, básicamente porque los números de su gestión acreditan un fracaso de su política pública.
Su argumentación de que la desigualdad, miseria y la falta de ingresos provocaba los índices delictivos al alza, lo llevó a entregar recursos por casi 300 mil millones de pesos en 2021 pero la realidad es que la violencia siguió en aumento, precisamente porque esas dádivas se han visto más como electorales que como un medio para resolverle a esa población su situación de pobreza.
Cada uno de los argumentos para sus programas sociales se han desmentido por la falta de resultados de su administración, aunque eso mantiene su popularidad al alza, pero su gestión ya no rebasa el 50 por ciento de aprobación en muchos rubros.
El presidente que prometió respetar, velar y hacer valer la Constitución y sus leyes secundarias hoy intenta violarla hasta con decretos y más aún con iniciativas que vulneran derechos básicos de los ciudadanos como el derecho al amparo.
En el extremo, el presidente que prometió meter a los cuarteles el Ejército hoy no sólo gobierna con él, sino que se ha convertido en el brazo derecho de su administración y lo mismo son albañiles, ingenieros, que policías y hasta agente migratorios y aduanales. El poder acumulado por el Ejército llevó al presidente a proponer ante el Senado una modificación para darle más atribuciones al general secretario.
Mediante reformas y adiciones a la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, el titular del Ejecutivo propone crear una Comandancia del Ejército para que un General de División -el titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval- pueda delegar funciones y con ello se le dan atribuciones que nunca había tenido un general secretario.
El escaso éxito de López Obrador -lo ha logrado en la recaudación-, no ha permeado en las demás áreas de su administración al extremo que el manejo de la pandemia dejó como aportación de México un 10 por ciento de los muertos totales del mundo víctimas de coronavirus.
López Obrador se negó a ser presidente y siguió siendo el titular de un movimiento social que sólo atendía a sus seguidores y en el camino se peleó con empresarios, intelectuales, científicos, mujeres, medios de comunicación y hasta con sus opositores con quienes se negó sistemáticamente a dialogar.
Quizá en los tres puntos más visibles de su gobierno es donde peores resultados hay: seguridad, los muertos siguen aumentando y a cuatro años de su gestión ya casi supera el número total de muertos del sexenio de Peña y hace meses superó los de Calderón; en economía, donde el desempleo sigue creciendo y no hay crecimiento; y en respeto a la Constitución porque casi todas sus iniciativas no sólo la violentan sino que desconocen implícitamente los acuerdos con otros países basados en las reglas establecidas en las leyes derivadas de la Carta Magna, como los del Tratado de Libre Comercio.
A tres años del fin de su gobierno, López Obrador promueve un decreto que no sólo viola la obligación oficial de transparencia, sino que pretende evitar los amparos, un derecho que todos los mexicanos tienen contra las decisiones del poder público.
