Por: Pascal Beltrán del Río.
El filósofo y economista británico Jeremy Bentham
(1748-1832) sostenía que la opinión pública era un control útil sobre la
autoridad de los gobernantes y que, por tanto, los actos de éstos debían
recibir la máxima publicidad posible. “Es la única manera de evitar que se
vuelvan perniciosos”, decía.
Lo que no pudo advertir el llamado padre del
utilitarismo –la corriente de pensamiento que evalúa toda acción en función de
la felicidad o pesar que produce– es que esa publicidad se convertiría en el
centro de atención de los gobernantes.
Para el presidente López Obrador, la constante
búsqueda de la popularidad parece ser la meta misma del ejercicio del poder,
incluso más que un medio para lograr fines.
Por eso a menudo esgrime frases como “la gente nos
apoya” para justificar una toma de decisión. Es decir, para él la prueba de que
las acciones de su gobierno son buenas es que la mayoría de la gente lo avale
en lo personal. Y, en efecto, el mandatario lleva varios meses situado por
encima de una aprobación de 60 por ciento en las encuestas.
Pero los sondeos de popularidad no son suficientes
para el tabasqueño, quien forjó su carrera política en el contacto con la
gente. Necesita que lo vean, que lo toquen, que le aplaudan. Requiere de
hacerse sentir.
De ahí, las mañaneras diarias, transmitidas en vivo a
todo el país. La aparición pública convertida en acto de gobierno.
De ahí, también, las encuestas y consultas para
justificar decisiones ya tomadas.
Y, por supuesto, los mítines, en los que el Presidente
se deja arropar por la multitud.
En ese sentido, nada ha sido más penoso para López
Obrador que el confinamiento generado por la pandemia. Durante año y medio, se
ha visto obligado a limitar sus encuentros con la gente.
Cinco de sus “informes trimestrales” –un pretexto para
encabezar actos masivos en el Zócalo capitalino– se vio forzado a presentarlos,
con escasa concurrencia, entre los muros del Palacio Nacional.
A principios de octubre, en gira por Puebla y
Tlaxcala, López Obrador había adelantado que volvería a convocar actos públicos
masivos. Y dijo que el primero de ellos sería en el Zócalo, el 20 de noviembre,
fecha que, días después, fue cambiada por el 1 de diciembre.
Luego de que, en esa misma gira, damnificados por el
huracán Grace dieron portazo en el acto que él presidía en Huauchinango, en la
Sierra Norte de Puebla, López Obrador explicó que eso había pasado porque la
gente tenía muchas ganas de verlo.
Así que mañana miércoles pondrá fin a la sequía de
baños de pueblo que ha padecido desde 18 meses. El problema es que eso ocurrirá
en medio de la aparición de ómicron, una nueva variante del coronavirus, que ha
llevado a distintos países –no a México– a reimponer medidas de confinamiento y
control de fronteras.
Paralelamente, el Presidente promueve la convocatoria
a una consulta para decidir si se le remueve del cargo. Claro, él y sus
partidarios no le llaman revocación del mandato, como dice la Constitución,
sino ratificación del mandato.
Y aunque ningún grupo representativo esté promoviendo
que salgan del poder López Obrador o alguno de los 10 gobernadores cuya
permanencia también podría ser motivo de una consulta similar, el Ejecutivo
está empeñado en que se gasten 4 mil millones de pesos para que sus seguidores
–los únicos que saldrían a votar– le digan que sí quieren que se quede hasta
2024.
De hecho, una de las funciones de la Secretaría de
Gobernación es asegurar que todos los estados que gobierna Morena aporten la
cuota de firmas que legalmente les corresponde para que la consulta se convoque
y se pueda llevar a cabo el próximo 10 de abril.
“Quiero pasar a la historia como un buen presidente de
México”, dijo López Obrador en el mitin de celebración de su triunfo electoral
en julio de 2018.
Quizá olvida que el reconocimiento histórico suele
estar reservado a la eficacia de los gobernantes más que a su popularidad.
