Claroscuro, por: Francisco López Vargas.
El fin de semana pasado vimos la transformación del secretario de Gobernación en la mano dura del régimen, sí, otra; y por si fuera poco, se hizo acompañar de un general uniformado luciendo sus condecoraciones y su rango: titular de la Guardia Nacional, en cuyo avión llegaron a los eventos en el que también viajaba el presidente de Morena, Mario Delgado.
Y en la peor crisis de inseguridad en el país, Ricardo Mejía Berdeja, acude al mitin ya con licencia a su cargo de subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Apoyar en la revocación de mandato es más prioritario.
En los actos por todo el país, Adán Augusto López Hernández se despojo de su investidura de un intermediario político y negociador confiable, para convertirse en el pregonero del fin del INE, la muerte de la incipiente democracia, y el portavoz del mensaje presidencial, sin descuidar su papel de tapado en la carrera sucesoria.
Ocupados en el “acarreo” y haciendo actos que violentan la ley que Morena aprobó en el primer trienio de este gobierno, Adán Augusto se le “olvidó” la jornada electoral en Chiapas, que era ese domingo que él destino a recorrer varios estados del país.
Confiado, quizá por el mensaje que enviaba al llegar acompañado del Gral. Gutiérrez Bucio, el titular de Gobernación fue a monitorear a los gobernadores de su partido y a ver si cumplían con la exigencia presidencial de principios de marzo: en cada estado la cuota de electores tiene que ser la misma que logró siendo candidato presidencial en 2018. No menos.
Los gobernadores, preocupados, le dijeron que es una elección diferente, que necesitarán recursos adicionales, que hay mucho por hacer y les respondió que es problema de ellos, que esa es su cuota y que no esperaran asignaciones especiales de dinero para realizarla.
Hablen con Hacienda, pídanle lo que necesiten, no va a negarse, pero todo es con cargo a sus presupuestos, les respondió.
Mientras Adán Augusto visitaba estados por la revocación, López lo hacía por el Tren Maya, “ese mismo domingo Chiapas nos recordó la otra gran amenaza a la democracia electoral”, dice Sergio Aguayo.
“Hubo elecciones extraordinarias en el municipio de Venustiano Carranza, una zona con fuerte presencia del crimen organizado. De las 76 casillas programadas, las autoridades electorales solo pudieron instalar 46; en 25 intimidaron a los funcionarios de las mesas directivas de casilla, se sustrajo documentación y material electoral, y cinco casillas ya instaladas fueron vandalizadas. Ya que al secretario de Gobernación le interesa tanto lo electoral, ¿cuándo se pronunciará sobre la presencia criminal en ese ámbito?
Agrega el editorialista: “Lo acontecido en Chiapas se liga con un ángulo minimizado del proceso electoral de 2021. La alianza PAN-PRI-PRD elaboró un informe sobre las irregularidades en Baja California, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Michoacán, San Luis Potosí, Sinaloa y Veracruz. Lo entregaron en agosto de 2021 a la Organización de los Estados Americanos y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington. En todo el país asesinaron a 102 personas (34 de ellos candidatos). La violencia afectó a 570 municipios incluidas las capitales de 29 entidades”.
Y reproduce unas líneas de la introducción del documento: “Grupos armados secuestraron e inmovilizaron a equipos completos de campaña, se apoderaron de casillas electorales y obligaron a los ciudadanos a emitir su voto públicamente y por consigna. Las amenazas se hicieron extensivas a la poselección, mediante una impuesta ley del silencio sobre todo lo que había ocurrido”. Los partidos optaron por no publicar su informe contribuyendo al silencio generalizado”, expone.
El responsable de la política interior y el jefe de la Guardia Nacional no han dicho nada sobre lo que pasó en Chiapas, menos lo que sucedió en los comicios de 2021 que pusieron a gobernadores, denuncian, vinculados con el narco en estados del pacífico norte.
La peor pesadilla de López Obrado repetida por él mismo: se usa el dinero del gobierno para hacer campañas y el gran promotor de las reglas electorales, quien juró defender la Constitución, hoy las viola todas y mancilla su palabra empeñada con una nación que no ve los resultados de su gestión.
La peor pesadilla de los mexicanos convertida en realidad: el narco actuando con impunidad, sin persecuciones del Ejecutivo y financiando campañas e imponiendo candidatos, pero lo quizá es inhibiendo a los ciudadanos para salir a votar o condicionándoles el voto a punta de pistola.
El presidente que nos dijo era un demócrata, el que aseguró que protegería la laicidad, que verificaría el cumplimiento de la ley, que combatiría la corrupción se nos muestra hoy con su cara real, nos acredita que sus dichos eran una farsa y le apuesta por una revocación de mandato que lo mismo servirá para acabar con el Instituto Nacional Electoral que para intentar quedarse más alla de los cinco años y 10 meses para los que fue electo en 2018.
Mientras, todo el gabinete, los gobernadores y seguidores no sólo violando la ley sino exhibiendo que de eso y más son capaces. Nunca el país había sido gobernado por cínicos que exhibían su desprecio por la ley apelando a ella porque ellos mismos las hicieron aunque no para aplicárselas a ellos mismos.
Triste escenario: los militares no están en el cuartel y sí en la política partidista y cebados con obras públicas que exhiben su corrupción y, al mismo tiempo, su gratitud por quien los hizo cómplices.
¿Peor escenario? No quiero decir imposible, porque ellos mismos se superan todos los días.
