Por: Pascal Beltrán del Río.
El martes pasado comenzó en La Haya el primer juicio de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre el conflicto de Darfur, región occidental de Sudán, donde una milicia apoyada por el gobierno de ese país africano mató sistemáticamente a centenares de miles de personas a partir de febrero de 2003.
Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman, también conocido como Ali Kushayb, enfrenta 31 cargos, por genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. De acuerdo con la fiscalía de la CPI, Abd-Al-Rahman era el enlace entre el ejército paramilitar Yanyauid y el gobierno sudanés.
El acusado, que tenía una orden de captura internacional expedida en abril de 2007, se entregó en junio de 2020 en la República Centroafricana. De acuerdo con la investigación, dio órdenes para atacar a la población civil, así como violar y saquear. En el primer día del proceso, se declaró inocente.
El juicio ocurre en momentos en que el fiscal de la CPI, el abogado británico Karim Khan, ya se encuentra investigando posibles crímenes cometidos en Ucrania sancionados por el Estatuto de Roma. Ese instrumento, próximo a cumplir 20 años de haber entrado en vigor, dio lugar a la creación de la CPI.
El tribunal, integrado por 18 jueces –entre los cuales está la mexicana Socorro Flores Liera– realizó su primera audiencia en 2006, contra Thomas Lubanga Dyilo, un señor de la guerra congolés acusado de reclutar a niños soldado, en el contexto de un conflicto entre dos grupos étnicos. Lubanga fue el primero en ser encontrado culpable por la Corte. En 2012, fue sentenciado a 14 años de prisión.
Desde entonces, la CPI ha abierto juicios contra 46 personas y ha realizado investigaciones en una treintena de países, de las cuales algunas se han cerrado sin dar lugar a acusaciones, otras siguen abiertas y unas más han terminado en juicios.
De los 46 acusados, 26 ya fueron juzgados, 12 son fugitivos y cinco están actualmente bajo proceso.
De acuerdo con el Estatuto de Roma, la Corte sólo puede investigar presuntos crímenes cometidos en el territorio de países que aceptan su jurisdicción –123 a la fecha–, aunque también puede hacerlo cuando los casos sean remitidos por el Consejo de Seguridad de la ONU. Ése es el caso de Ucrania, país que no ha ratificado el Estatuto de Roma, del cual tampoco son parte Rusia y Estados Unidos (ambos se retiraron, en 2002 y 2016, respectivamente).
Antes de la creación de la CPI, operaron tribunales ad hoc de Naciones Unidas para los conflictos de la exYugoslavia, Ruanda, Sierra Leona, Camboya y Líbano. Éstos fueron creados con base en violaciones graves de las Convenciones de Ginebra y modelados con base en los juicios de Nüremberg.
El 6 de marzo pasado, el fiscal Khan anunció una investigación sobre posibles crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en Ucrania a raíz de la invasión rusa. Dijo que había “bases razonables” para creer que se habían perpetrado.
Egresado del King’s College de Londres, Khan es miembro de la Barra de Inglaterra y Gales desde 1992 y fiscal en su país desde 1993. Se especializó en derecho penal internacional y trabajó en los tribunales internacionales para la exYugoslavia y Ruanda. Al momento de su nombramiento como fiscal de la CPI, era jefe de la unidad de investigación sobre crímenes cometidos por el Estado Islámico. Fue elegido en una segunda ronda de votación, con el apoyo de 72 de los 123 países miembros. En su primera entrevista como fiscal, declaró que los horrores de los Balcanes lo habían motivado para interesarse en la persecución de crímenes de guerra.
El trabajo de Khan en Ucrania no será nada sencillo. Primero, porque seguramente se desarrollará en pleno conflicto armado. Segundo, por la gran cantidad de retórica que ha generado la invasión y de la que han sido parte dos de las tres principales potencias militares del mundo.
Además, porque no hay tratado ni ley que codifique todos los crímenes de guerra y porque Naciones Unidas ha establecido que sólo pueden perseguirse aquellos que se realizaron de forma informada e intencionada y con un uso desproporcionado de la fuerza.
