Por: Pascal Beltrán del Río.
Desde hace 200 años, los gobernantes del país, al
tomar posesión de su cargo, se han comprometido a acatar la ley y hacer que
ésta se cumpla.
Ese juramento (hasta 1857) o protesta (a partir de ese
año) ha variado muy poco desde que Agustín de Iturbide fue coronado emperador,
el 21 de julio de 1822, en la Catedral Metropolitana.
“Juro por Dios y los Santos Evangelios”, expresó
entonces Iturbide, “que guardaré y haré guardar la Constitución que formará
dicho Congreso y entretanto la española en la parte que está vigente, y
asimismo las leyes, órdenes y decretos que ha dado y en los sucesivo diere el
repetido Congreso”.
El texto fue retomado en las constituciones de 1824,
1836 (las llamadas Siete Leyes), 1857 y 1917. La primera especificaba que el
Presidente guardaría y haría guardar “exactamente la Constitución y las leyes
de la Federación” (artículo 101); la segunda repetía el mencionado adverbio
(Cuarta Ley, artículo 12); la tercera decía que el cumplimiento se daría “sin
reserva alguna” (artículo 83), y la vigente mandata, simplemente, “guardar y
hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen” (artículo 87).
Desde entonces, el texto no se ha reformado.
No pude averiguar por qué el Constituyente de 1824 se
sintió obligado de agregar “exactamente”, y el de 1857, “sin reserva alguna”.
¿Acaso habrá sido porque los gobernantes de los años previos acataban las
normas discrecionalmente? ¿Cumplían unas y otras no? ¿Las interpretaban a
conveniencia?
Lo que sí sé es que el presidente Andrés Manuel López
Obrador protestó, con el brazo levantado, “guardar y hacer guardar la
Constitución y las leyes que de ella emanen”. Lo hizo repitiendo el texto, de
61 palabras, que contiene el artículo 87.
No dijo “las leyes que no hayan sido contaminadas por
el pensamiento y los intereses del neoliberalismo” ni “sólo las leyes que no
hayan sido aprobadas mediante sobornos”.
En su conferencia mañanera, el Presidente torció el
brazo a los ministros de la Suprema Corte, quienes ya estaban discutiendo –y
estaban por decidir– si la Ley de la Industria Eléctrica era constitucional (el
proyecto de la ministra Loretta Ortiz, que así lo proponía, perdió la votación
por siete a cuatro, pero con eso bastó para que perviviera la norma).
El mandatario les advirtió que no le salieran “con el
cuento de que la ley es la ley”, pues ellos tenían claro, afirmó, que la
reforma constitucional de 2013 en materia de energía había sido aprobada en el
Congreso mediante sobornos, algo sobre lo que aún no hay sentencia de un juez.
En una de esas, la frase de López Obrador y su exhorto
a los ministros a que se decidieran entre ser “abogados que defienden el
interés público o abogados patronales” ejercieron suficiente presión para
conseguir los cuatro votos que necesitaba.
El planteamiento de que la ley es un “cuento”
representa uno de los puntos más bajos del reconocimiento del valor a la
legalidad en la historia moderna del país. Si la ley no es la ley, sino lo que
el Presidente dice o está dispuesto a cumplir, el texto de la protesta sexenal
es un ritual sin significado; es, simplemente, letra muerta. Y si nos atenemos
a la manera en que muchos servidores públicos –comenzando por el propio
Presidente– han pasado por encima de la ley para promover la consulta de
revocación de mandato, las piezas encajan perfectamente.
El mismo día en que López Obrador ponía en duda la
importancia de la ley, la señora Maureen Amaro, madre de Hugo Carbajal –el
joven asesinado en una fiesta, el fin de semana pasado en el Estado de México–,
daba un ejemplo de respeto a la legalidad. Cuando acababa de entregarse a las
autoridades el presunto asesino de su hijo, ella pidió que el inculpado tuviese
un juicio justo, apegado al debido proceso, en el que pudiera defenderse, “como
no pudo hacerlo Hugo, porque lo mataron a traición”.
La ley siempre debe ser la ley, lo que existe en su
ausencia es la autocracia o la barbarie. Ante un servidor público que cree otra
cosa y lo lleva a cabo, lo único que queda a los gobernados es aferrarse a las
12 palabras finales de la protesta constitucional: “Y si así no lo hiciere, que
la Nación me lo demande”.
