Editorial La Revista Peninsular
Entre rencores y verdades aumenta la intensidad de la
disputa entre la gobernadora Layda Sansores y el ex gobernador, y actual dirigente
nacional del PRI y diputado federal, Alejandro Moreno. Si bien, el conflicto
tiene su origen en Campeche, ha tenido
un alcance nacional debido a la gravedad de los señalamientos y a las personas
que han sido involucradas en los mismos.
Desde hace algunos días, Layda ha dado a conocer
audios en los que se escucha a Alejandro Moreno hablar, entre otras cosas,
sobre esquemas de lavado de dinero, uso de millones de pesos para campañas
electorales, pagos millonarios a Cinepolis y agresiones en contra de
periodistas. Dichos audios han sido presentados en las redes sociales de la
mandataria, así como en su programa semanal “Martes del Jaguar” el cual es
transmitido por su gobierno.
En respuesta a estos ataques, el diputado federal y
dirigente nacional del tricolor difundió una conversación que tuvo con el ex gobernador
y actual senador de la República (PVEM), Manuel Velasco, en la cual el senador
le advertía que el gobierno federal tomaría represalias en su contra si no
promovía entre los legisladores priistas el voto a favor de la reforma
eléctrica.
En dicha plática se hizo referencia al secretario de
Gobernación, Adán Augusto López, y al presidente López Obrador. Según se
escuchó en el audio, el secretario le pidió a Velasco platicar con Moreno para
compartirle la presunta amenaza del titular del ejecutivo federal.
El actuar de ambos políticos campechanos es incorrecto
e incluso puede catalogarse como ilegal. Por un lado, la gobernadora Sansores
parece haber usado el aparato gubernamental para espiar y señalar públicamente
a su predecesor; además, actúa fuera de la norma al difundir estas grabaciones
ilegales.
Por el otro lado, Alejandro Moreno también actuó de
manera incorrecta pues hizo pública una conversación privada que fue grabada
sin el consentimiento de una de las partes involucradas. Así lo hizo saber el
senador Velasco, quien explicó en sus redes sociales que se trató de una
violación a su confianza pues no sabía que el exgobernador campechano había
grabado su conversación.
Ahora bien, aunque las grabaciones difundidas por la
gobernadora Layda Sansores no constituyen una sólida prueba para juicios dada
la evidente ilegalidad con la que fueron conseguidas, sí representan un duro
golpe para la imagen de Alejandro Moreno y, por lo tanto, la del Revolucionario
Institucional. No obstante, el dirigente nacional del PRI pudo mitigar los
daños de dicho golpe con el audio que él difundió pues tuvo amplia cobertura en
medios nacionales y credibilidad entre la población.
La credibilidad que obtuvo el audio publicado por el
ex gobernador de Campeche se debe, en parte, al antecedente de Ricardo Anaya.
El panista tuvo que recurrir al exilio debido a que fue perseguido
políticamente por la Fiscalía General de la República, cuyo actuar ha sido
puesto en duda por las controversias en las cuales se ha visto envuelto el
fiscal Alejandro Gertz Manero. De hecho, este antecedente fue clave para que
tanto el PAN como el PRD respaldaran a Moreno ante los embates de Sansores pues
consideraron que se trataba de un nuevo acto para amedrentar a la
oposición.
Debido a las fechas en las cuales la gobernadora
campechana comenzó a filtrar los audios, parece que su objetivo pudo haber sido
golpear la imagen del PRI previo a las elecciones, poner en duda la continuidad
de la alianza Va por México (PAN-PRI-PRD) también previo a los comicios, atacar
a Moreno en represalia por la votación de la reforma eléctrica o todos los
anteriores. Esperemos que, de existir indicios de la comisión de delitos en el
futuro, éstos sean desahogados en juzgados y no en sets de televisión pues esto
únicamente abarata más nuestro sistema político.
