Por: Roberto Uscanga Hernández.
Cuando se habla de que el gobierno estatal quiere
pedir un financiamiento mucha gente se eriza y piensa que la entidad se
endeudará con resultados desastrosos para las finanzas.
Esta reacción es normal y sucede porque muchas veces
se han tenido experiencias previas con administraciones pasadas donde el
derroche y el mal manejo de los recursos era práctica común y cuyos resultados
se siguen pagando como el contrato para la construcción y operación a 20 años
del Gran Museo del Mundo Maya realizado durante el último año del gobierno de
Ivonne Ortega Pacheco.
Este se realizó bajo el esquema de Proyectos para la
Prestación de Servicios (PPS); y en un principio se presupuestó en 410 millones
de pesos, cifra que luego pasó a 500 millones y de ahí a 800 millones. Sin
embargo, luego se supo que las siguientes cuatro administraciones estatales
deberían pagar a la operadora una contraprestación de 2 mil 860 millones de
pesos, a razón de 143 millones de pesos anuales, para la operación y
mantenimiento de las instalaciones. Para
ello el gobierno de Ortega Pacheco comprometió las participaciones federales de
las próximas dos décadas.
Lo anterior viene a colación porque nos enteramos que
el gobierno de Mauricio Vila mandó una iniciativa al Congreso para poder
adquirir financiamiento por $1735 millones para el proyecto del Ie-Tram, que
vendría a seguir transformando el
sistema de transporte público en la entidad. Sin embargo, la situación es muy
distinta, totalmente.
Esos $1735 millones representan el 61% de la inversión
total de $2,820 millones de los cuales, Banobras hará lo mismo con
aproximadamente el 23%; y la iniciativa privada hará lo propio con un 16% que
se destinarán para la adquisición de autobuses eléctricos, construcción de
calles laterales en el cuerpo interior y exterior del periférico de Mérida, así
como de puentes peatonales, edificación de Centros de Transferencia Modal y
paraderos.
Y aunque técnicamente algunos despistados puedan
llamarle “deuda pública” la realidad es
que esa pesada connotación no representa ni de lejos una afectación
significativa a las finanzas del Estado como en su momento fue el dichoso
museo. Ahora veremos porqué razón.
En el mundo de los tecnócratas del gobierno se dice
que hay finanzas estables en una administración cuando se logra un balance
presupuestario “positivo”. En el caso de
Yucatán, las finanzas arrojaron un saldo positivo en 2019 y 2021, y al menos en
el primer trimestre del presente año un saldo positivo de $2,531 millones.
Este balance fue posible gracias a dos factores: en
este lapso hubo una mayor recaudación, debido a las políticas públicas
implementadas para la reactivación de la economía derivado del impacto por el
Covid-19, además de un conjunto de
medidas de control estricto del gasto implementadas desde el inicio de la
administración. Todo esto ha contribuido a la sostenibilidad de sus finanzas.
Si consideramos que el gobernador Vila Dosal logró una
importante renegociación de la deuda del Gran Museo del Mundo Maya -consiguió
ahorrar casi $1500 millones- y el refinanciamiento de la deuda pública total,
se puede observar de acuerdo a los informes de sus tecnócratas que
prácticamente el gobierno del ex alcalde meridano se ha mantenido en los mismos
niveles de 2018 en cuanto a servicio de la deuda pública.
¿Esto qué quiere decir? Que la administración tiene un
amplio margen crediticio, es decir, actualmente, la estructura de los créditos
bancarios que integran la Deuda Pública de largo plazo cuentan con la
calificación crediticia más alta en la escala local (AAA). Esto significa que
ofrece gran seguridad para el pago oportuno de sus obligaciones de deuda y
representa el mínimo riesgo crediticio ante escenarios económicos y financieros
adversos, lo que permite el acceso a las mejores tasas de interés pactadas.
A veces uno no entiende ese lenguaje de los
especialistas porque sólo ellos entienden de lo que hablan cada vez que rinden
sus informes. Pero lo cierto es que los tecnócratas han cuidado el tema del
servicio de la deuda a los mismos niveles del último año de la administración
de Rolando Zapata, cuando el ex gobernador priísta recibía de la Federación $9,500
millones de libre disposición por parte del gobierno federal en contraste de la
actual administración que apenas recibió para este año $3,500 millones.
Si se considera que el Ie-tram, además de unir Mérida,
Kanasín, Umán y 137 colonias, con lo cual se va a beneficiar a 136 mil personas
de manera directa, cerca de 200 mil de manera indirecta, y se beneficiarán más
de 3 mil negocios donde se extiende su ruta y 20 mil trabajadores, entonces no
hay razón para temer que esta inversión no tenga un retorno inmediato o que
desestabilice las finanzas públicas.
Por el contrario. Es un escenario totalmente opuesto a
otras administraciones y representa una gran oportunidad para invertir en obra
pública que durante los últimos años se ha visto restringida por numerosas
causas. Así que agoreros del mal, vale la pena evitar los temores infundados
tratando de entender el debe y el haber de quienes hoy conducen las finanzas en
la entidad.
