Editorial La Revista Peninsular
A principios de semana, el presidente Andrés Manuel
López Obrador dio a conocer que presentaría un acuerdo para que la Guardia
Nacional se incorpore a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). Esto
despertó críticas pues no es congruente con su compromiso de desmilitarizar al
país, además de que representa un escenario de riesgo para la seguridad de los
mexicanos.
El presidente López Obrador anunció esta semana que
publicaría un acuerdo para que la SEDENA tenga la administración y mando de la
Guardia Nacional. Explicó que decidió tomar esta medida para consolidar su
estrategia de seguridad y así terminar con el problema de la inseguridad en el
país. Ante los señalamientos de la posible inconstitucionalidad de su
disposición, nuestro mandatario comentó que le correspondería a la Suprema
Corte de Justicia de la Nación definir si se violentaba el marco
constitucional.
La Guardia Nacional ha sido un tema delicado a lo
largo del sexenio. Tras la disolución de la Policía Federal, empezó a ser
evidente que la Guardia Nacional estaba lejos de ser una corporación de
seguridad ciudadana. Se suponía que se procuraría su naturaleza civil, pero la
realidad fue que los mandos y oficiales estaban sujetos a militares y a sus
formas.
Lo anterior le generó muchas críticas al presidente
pues durante años prometió que regresaría a los militares a sus cuarteles si
llegaba al poder. Cuando llegó a Palacio Nacional, no sólo le cedió a las
Fuerzas Armadas las tareas de seguridad pública, sino que también las facultó
para ejercer responsabilidades administrativas.
En la historia reciente de nuestro país, no se había
visto tal esfuerzo para militarizar la Administración Pública.
La disposición presidencial de utilizar al Ejército
para hacerse cargo de la seguridad pública igual ha sido ampliamente criticada
por expertos, académicos e instituciones internacionales como la ONU pues
vulnera la seguridad de los mexicanos. Esto debido a que el Ejército está
formado bajo una concepción de seguridad nacional cuando se necesita un enfoque
de seguridad civil para interactuar con los ciudadanos. Al no tener una
perspectiva civil, los militares pueden poner en riesgo la dignidad y los
derechos de las personas con sus intervenciones.
Esto es algo que desafortunadamente ya podemos ver.
Existen cientos de quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)
en contra de la Guardia Nacional por presuntas violaciones a derechos humanos.
También han trascendido casos de civiles asesinados por elementos de esta
controversial institución, como el de la mujer que fue asesinada mientras se
manifestaba en la presa La Boquilla, en Chihuahua.
El presidente ha dicho que continuará garantizando que
la Guardia Nacional tenga carácter civil, pero en la acción parece hacer lo
contrario. Esperemos que pueda respaldar sus compromisos con hechos pues con la
militarización de la seguridad pública, además de que se puede vulnerar la
dignidad de los ciudadanos mexicanos, también se corre el riesgo de desgastar
la imagen de una de las instituciones más prestigiosas del país como lo es el
Ejército.
