Por: Hidalgo A. Victoria Maldonado.
Mtro. en Derecho Electoral, especialista y consultor político electoral.
Otra de las figuras para analizar la reciente reforma
electoral aprobada por el Congreso del Estado en Yucatán, es la referida a los
gobiernos de coalición, quedando plasmada en el artículo 55 de la Constitución
yucateca que señala, en su fracción XXV lo siguiente:.
“XXV. Optar, en cualquier momento, por la conformación de un
gobierno de coalición con uno o varios de los partidos políticos
representados en el Congreso del Estado.”
“En el caso de que opte por un gobierno de coalición, éste
se regulará por el convenio, el programa de gobierno y la agenda legislativa
respectivos, los cuales deberán ser aprobados por mayoría de los miembros
presentes del Congreso del Estado. El convenio establecerá las bases para su
conformación, causas de la disolución del gobierno de coalición, programa de
gobierno y la agenda legislativa donde se establezca el programa de trabajo
legislativo”.
La figura de gobierno de coalición es originalmente propia de
los sistemas parlamentarios europeos preponderantemente, más sin embargo, a
partir del año 2014 se integra a nuestro marco constitucional a nivel federal,
sin que a la fecha se hubiera implementado, y ahora es aprobada para el ámbito
estatal en Yucatán.
Un gobierno de coalición es definido por el
constitucionalista Diego Valadés como la unión del partido político en el
gobierno con uno o más partidos con representación en el Congreso, convocados
de manera expresa por el titular del poder Ejecutivo (gobernador en este caso)
para elaborar un programa de gobierno, que será ejecutado y evaluado por el
gabinete que acuerden los partidos coaligados.
Otra figura que se aplica en la práctica sin necesidad de
convenio formal, es el Pacto de Legislatura, que Jordi Matas lo define como una
formación política que gobierna con el apoyo parlamentario explícito y estable
de uno o más grupos políticos con representación parlamentaria.
Para que funcione en la práctica un Gobierno de Coalición en nuestro
estado se requiere de entrada la voluntad del Gobernador y circunstancias
políticas que impliquen no poder contar con un apoyo legislativo mayoritario
por sí, o con el apoyo de los partidos que compitieron en coalición o
candidaturas comunes a efecto de garantizar gobernabilidad y viabilidad a sus
propuestas legislativas y programas de gobierno.
La reforma lo deja como algo optativo para quien ocupe la
titularidad del Poder Ejecutivo y dejando abierta la temporalidad para que se
realice en cualquier tiempo que así se decida, aunque lo ideal sería hacerlo al
inicio del sexenio o inmediatamente después de la elección intermedia. Requiere
además de la voluntad y madurez política para sumarse en los términos acordados
en el convenio. Pudiera también evitar las llamadas “moratorias
constitucionales” que secuestren las iniciativas que presente el Poder Ejecutivo
Considero que en nuestra realidad política, muy difícilmente
se implemente en el corto plazo, pero será interesante analizar la figura a la luz de una elección en
donde el porcentaje de votos no alcance a formar mayorías calificadas.
Se quedan pendientes reformas en materia de reelección para
profundizar en su normatividad, así como la referente a las acciones afirmativas
en materia de indígenas, jóvenes, comunidad LGBT+, discapacitados y adultos
mayores y particularmente migrantes para adoptar la figura de la Diputación
Migrante.
Asimismo, es urgente la revisión y actualización de la Ley de
Participación Ciudadana para garantizar eficazmente el derecho al plebiscito,
referéndum y demas figuras de la democracia directa, y actualizando el
procedimiento de sanciones a quienes obstaculicen su instrumentación. También
contemplar la figura de referéndum derogatorio, con el cual los ciudadanos
podrán someter a esta figura aquellas leyes ya aprobadas, y publicadas en
tiempo record.
Finalmente, pudiera concluir señalando que esta reforma pudo
haber profundizado en el análisis de la problemática y la situación actual del
sistema político electoral en nuestro estado y generar un parlamento abierto en
donde los actores políticos, autoridades electorales administrativas y
jurisdiccionales, los partidos políticos, la academia e investigadores pudieran
abordar diversos temas que aporten mejores herramientas a nuestra legislación.
