Claroscuro, por: Francisco López Vargas.
La Guardia Nacional jamás será la solución a los
problemas de seguridad en el país. Dos ejemplos: en Campeche y Yucatán no está
militarizada la policía, no tiene mandos castrenses pero sí civiles únicos y en
ambos casos, el de Campeche en veremos, parecieran tener éxito a pesar de las
cifras nacionales.
Para el gobierno de Estados Unidos, sólo Campeche y
Yucatán son recomendables para sus ciudadanos y en un análisis del Pentágono se
habla de que 16 de 32 estados están infiltrados por el crimen organizado.
En Yucatán, quizá sin darse cuenta, han criticado a
Mauricio Vila por la cantidad de recursos que ha pedido le autorice el Congreso
local para blindar el Estado. En los 106 municipios, puede decirse, hay cámaras
y arcos de vigilancia que permiten conocer y saber quiénes pasan casi en el
instante en que lo hacen.
Los agujeros que aún tiene ese sistema, permitió a un
grupo de personas cavar una fosa y dejar cuerpos en un municipio colindante con
Quintana Roo, donde la delincuencia vaya que ha crecido.
La discusión de ampliar el periodo de permanencia de
la guardia nacional mediante la modificación de un transitorio, debe de
analizarse más como algo que, por desgracia, es vital para el país: si se
retira a la Guardia Nacional de las labores de seguridad la sociedad quedará en
el desamparo.
Para nadie es un secreto que el austericidio perpetuo
que vive el gobierno de López Obrador terminó por dar al traste los programas
de apoyos municipales y estatales para el fortalecimiento de la seguridad. El
programa de Fortalecimiento para la Seguridad Pública (Fortaseg) y el Fondo de
Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) prácticamente han desparecido del
presupuesto porque el grueso de los recursos públicos o se destinan a los
programas sociales del gobierno o a las obras llamadas prioritarias
presidenciales.
La pretensión de pasar la Guardia Nacional bajo el
manto de la Secretaría de la Defensa no sólo es un despropósito sin un esquema
que fortalezca a las policías municipales y estatales y para ello podría usarse
como ejemplo lo que se ha logrado en Yucatán y Campeche en cuanto a
capacitación y prestaciones que los han alejado de la precariedad que era el
signo de esas corporaciones, pero que en otras entidades sigue siendo su
principal característica.
Sería estúpido negar la infiltración de las policías
por el crimen organizado y más lo es criminalizar la pobreza.
En los hechos, el argumento y la justificación
presidencial de combatir las causas de la delincuencia y la justificación de
sus programa sociales se ha desvanecido porque en cuatro años el crimen
organizado vaya que se ha consolidado y el número de homicidios, desapariciones
y secuestros sigue a la alza mientras los delincuentes cada día diversifican
más sus actividades y más partes del territorio nacional están capturados,
ahora hasta con gobiernos electos de manera violenta y fraudulenta.}
De acuerdo con Raymundo Riva Palacio, Alejandro Moreno
salió victorioso del actual trance porque “leyó bien la realidad. El Ejército,
la Marina y la Guardia Nacional son las instituciones mejor evaluadas por la
sociedad, y la inseguridad y la violencia son el principal problema que ven los
mexicanos. El discurso académico sobre la militarización de la seguridad
pública está rebasado. La oposición, la prensa, las ONG y todas las personas y
organizaciones que lo interpreten de esa manera, hemos perdido esa batalla ante
lo que sucede en las calles. Por lo que reflejan las encuestas, a la gente sí
le importa quién se haga cargo de la seguridad, y hay un favoritismo claro por
las Fuerzas Armadas, el ser en quienes confían”.
“Hablar de militarización desde la oposición tiene
rendimientos decrecientes y contraproducentes. Pero también, particularmente
para el PAN, que gobierna estados con alta incidencia delictiva como Chihuahua
y Guanajuato, mantener la línea de confrontación con el PRI por su iniciativa,
lo ponía en riesgo de que la gobernadora Maru Campos y el gobernador Diego
Sinhué Rodríguez salieran públicamente a deslindarse de la dirigencia para
mantener el consenso en sus estados. Ésta habría sido una fractura peor”,
expone.
Ahora, queda por ver qué sucederá con las iniciativas
de la guardia nacional y la capacidad para limitarla o concederla, pero también
la capacidad o limitación del Congreso para destinarle recursos a la seguridad
pública en unos días en los que se discute el presupuesto de ingresos y de
egresos.
La desesperación presidencial pareciera encaminarse a
que los tiempos para dar resultados y para tener sus obras listas están
consumiendo a López Obrador cuyo discurso se radicalizará cada vez más.
La única opción como sociedad es darle el beneficio de
la duda a una oposición que, como bien dijo Moreno, no necesariamente tiene que
estar de acuerdo en todo, sino ponerse como objetivo un fin mayor y ese debe
ser evitar el daño a la democracia, que el país se torne más violento y que el
ejército o el narco sean factor en la jornada electoral donde se defina el
cambio de gobierno.
Este gobierno prácticamente ya acabó, no hubo
resultados, no se redujo ni uno solo de los ideales que lo llevaron a ganar la
elección presidencial y lo único salvable es que los mexicanos tengan claro que
sus derechos a recibir beneficios del gobierno nadie correrá el riesgo de
tentarse a eliminarlos o a reducirlos, aunque si a medirlos y a cumplir con las
reglas de operación básicas que los hacen auditables.
