Razones, por: Jorge Fernández Menéndez.
Quién sabe si fue sólo un buscapiés o una forma de tratar de agrandar aún más la distancia que separa hoy a las fuerzas opositoras, pero la declaración del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, respecto a que se podrían construir con el PRI nuevos consensos para revivir la reforma eléctrica e impulsar una reforma electoral, demandaría del tricolor, por lo menos, una respuesta clara y firme sobre lo que sí están dispuestos a apoyar y lo que es intransitable para ese partido. Sin ello, terminarán siendo un partido testimonial, con o sin alianza opositora.
Tiene razón Adán Augusto en decir que éste debería ser un momento para construir consensos, pero la forma en que está planteada la reforma eléctrica (que ya fue rechazada en el Senado y que ahora se quiere revivir), así como la reforma electoral, que estaría basada en la que presentaron hace ya varias semanas Horacio Duarte (ya en la campaña de Delfina Gómez, después de que ayer renunció a Aduanas) y Pablo Gómez (un responsable de la Unidad de Inteligencia Financiera metido a consultor electoral), lo único que se logrará es aumentar dramáticamente la polarización que vive el país.
Lo de la reforma eléctrica se inscribe en la dinámica antiestadunidense en la que se está moviendo el gobierno federal y lo único que se logrará es endurecer posiciones en las negociaciones del T-MEC, que, irremediablemente terminarán con sanciones para las exportaciones mexicanas, que podrían alcanzar hasta 30 mil millones de dólares en aranceles. Ese endurecimiento también se percibe en la designación de Raquel Buenrostro en la Secretaría de Economía.
No se trata sólo del castigo vía aranceles, sino que de insistir en la actual política energética también quedaríamos fuera de las inversiones que propuso el secretario de Estado, Antony Blinken, a través de la producción de semiconductores y del programa antiinflacionario de la administración Biden.
La reforma electoral que presentaron Duarte y Gómez es profundamente antidemocrática. Debilita a las autoridades electorales, sólo beneficia al oficialismo, reduce la pluralidad. No creo que necesitemos una reforma electoral cuando en los hechos el proceso de cara a los comicios de 2024 ya ha comenzado y ha sido el propio presidente López Obrador el que ha impulsado esa sucesión adelantada.
Pero si se realiza una reforma, debe ser con objetivos completamente diferentes a los anunciados: se debe liberalizar el sistema que hoy tiene tantos candados, que fomentan la controversia; se deben reducir los recursos y los tiempos gratuitos de televisión y radio que reciben los partidos; se debe impulsar el voto electrónico; se debe fortalecer, no tratar de acabar, al Consejo General del INE; no se puede quitar o reducir drásticamente a los plurinominales (un error que costaría muchísimo en términos de pluralidad); no se puede reducir el presupuesto para la organización electoral al tiempo que se mantienen incólumes los recursos de los partidos.
Si el dictamen pasa por las líneas planteadas por el gobierno federal, será una auténtica y profunda regresión democrática para el país, un paso más para la consolidación de un régimen autoritario. Ésa no es una fórmula de consenso.
LA LÍNEA AÉREA MILITAR
Muchas veces hemos defendido la participación militar en la seguridad pública. Pero como creemos que esa presencia es imprescindible en la actualidad y en el mediano plazo (por eso su ampliación hasta el 2028 es pertinente), otras decisiones son incomprensibles.
Ya alguna vez lo había dicho el presidente López Obrador, pero pareció una ocurrencia más. Pero resulta que no, que ahora eso de crear una línea de aviación de uso comercial dependiente de la Sedena; lo están tomando en serio, incluso ya han presentado una iniciativa para sacarla adelante.
Es un sinsentido. La industria aérea nacional está pasando en uno de sus momentos más difíciles en décadas. A la cancelación del Aeropuerto de Texcoco (que impidió el crecimiento que tenían contemplado muchas aerolíneas), se sumó la pandemia; el AIFA no termina ni remotamente de despegar y el AICM tiene serios problemas estructurales, tanto en la terminal uno como en la dos. Aeroméxico acaba de salir de una virtual quiebra, Volaris y Viva han tenido serias dificultades para sobrevivir, aunque lo han logrado y las tres tienen expectativas de crecimiento. Interjet está en quiebra y virtual liquidación, y Aeromar está a punto de tronar con una deuda multimillonaria que no puede solventar.
El mayor obstáculo para recuperarse es que las autoridades no han cumplido con su deber y seguimos en categoría dos, lo que impide acceder a nuevas rutas en Estados Unidos, lo que profundiza la penetración de aerolíneas extranjeras en México y dificulta la recuperación de las nacionales. Como no se pueden abrir nuevas rutas, las aerolíneas tienen aviones nuevos, comprados en las expectativas de crecimiento, que no pueden utilizar porque esas nuevas rutas no se abren y tampoco se pueden usar en las de EU existentes. Los especialistas dicen que todavía puede faltar un año para que México esté en condiciones de recuperar la categoría uno.
Crear una aerolínea desde el ámbito militar que compita con las líneas aéreas comerciales requerirá inversiones, formación de personal, mercadotecnia, tecnología, todo con cargo al erario y terminará siendo una carga para las propias instituciones militares. ¿No entienden que deben invertir en recuperar el sector, en salir de categoría dos, en permitir que se saneen las empresas existentes en lugar de gastar dinero en ocurrencias?
