Por: Ismael Méndez Camargo.
En días anteriores muchas personas de la sociedad yucateca estuvieron al pendiente de las elecciones para el nuevo rector de la Universidad Autónoma de Yucatán, con una serie de descalificaciones por parte del equipo del ingeniero Carlos Estrada Pinto candidato o delfín de su cómplice el rector José de Jesús Williams, quienes desde principios de año, se dedicaron a desacreditar a todas las personas que podrían opacar al candidato del hondureño Williams pues todos, saben es una tradición de las últimas décadas postular al director académico de la administración en turno para suceder en la silla de la rectoría al favorito del reinante en turno, con la finalidad de que se encubran todas las arbitrariedades, malos manejos y nepotismos del saliente.
Y a propósito de este tema, vienen a colación muchas lagunas y cuestiones llenas de obsolescencia de la ley orgánica de la universidad, que data desde al año de 1984 cuando era gobernador interino Víctor Cervera Pacheco, cuando el Congreso de ese entonces, dio luz verde para promulgar treinta y cuatro artículos, conteniendo las disposiciones generales y por supuesto los particulares, también con siete transitorios, siendo una de las leyes universitarias, mas incompletas y breves de las del régimen universitario público nacional, que en opinión de muchos conocedores del ámbito de educación jurídica, resultó demasiado básica y hasta cierto punto amañada y a modo para quienes quisieran intervenir de una manera u otra en la vida de la administración de nuestra Alma Mater.
Y en pleno siglo veintiuno esta ley orgánica y el reglamento interno de la universidad nos arroja un atraso de varios lustros en materia institucional, que nos demuestra el poco interés del gobierno de Yucatán y de las mismas autoridades de la UADY. Hoy en día ante una sociedad que demanda certeza y transparencia, para evitar que los rectores se perpetúen no solo al terminar sus cargos, sino que también sigan recibiendo favores y beneficios, la mayoría de ellos de tipo económico o de nepotismo. Pero donde urge una reforma es en el renglón de las elecciones del rector respecto el poder absoluto y casi siempre corrupto de los consejeros universitarios, sobre todo entre los consejeros maestros y los consejeros alumnos, que la verdad no representan los intereses y voluntades de sus representados.
De igual forma existe un reglamento interno que también luce caduco y que ha despertado en varios diputados estatales un interés de reforma, porque la llamada autonomía solo es un velo de encubrimiento, donde los altos funcionarios, se despachan con la cuchara grande, y no se ve el rendimiento de los consejeros maestros y alumnos que solo ven por su beneficio y no por su comunidad, a la cual representan. Es por eso que los miembros del congreso local, han decidido tomar cartas en el asunto, no solo pensando en las citadas reformas, sino también ver la manera urgente de que el gobierno estatal no meta las manos con el dinero de los contribuyentes, para comprar con prebendas y dádivas a los consejeros corruptos,
Hacemos un llamado a los diputados para que los fondos públicos que deben ser para beneficio del pueblo, no terminen en las bolsas de la corrupción universitaria, haciendo un detallado análisis de una reestructura de una ley orgánica donde se muestre una transparencia real y que se modifique la creación de un nuevo consejo universitario, que hoy más que nunca es un verdadero títere de los antojos del rector en turno, para ayudar a sus amigos y que éstos le tapen sus fechorías cuando deje de ser el jerarca de la UADY.
También deben participar otros actores de la vida universitaria que no solo incluya a directores y representantes de maestros o alumnos, que siempre están amañados por el perfil que indica el rector. Habrá que pensar seriamente que instrumentos aplicar para que la universidad deje de ser un botín de pillos, disfrazados de funcionarios de la educación superior y anexas.
