Editorial La Revista Peninsular
A principios de semana ocurrió una tragedia que
quedará grabada en la historia de nuestro país. 40 personas migrantes de distintas
nacionalidades murieron quemadas mientras se encontraban detenidas en un centro
del Instituto Nacional de Migración (INM). Los señalamientos sobre presuntas
culpas no se han hecho esperar, y desafortunadamente muchos de ellos parecen
estar fundados en posturas políticas, no en cómo se dieron los hechos, lo cual
es lamentable pues trae incertidumbre a los esfuerzos por impartir justicia y
atentan contra la dignidad de las víctimas.
El lunes 27 de marzo, funcionarios del INM detuvieron
a aproximadamente 70 migrantes, en su mayoría guatemaltecos, en Ciudad Juárez,
Chihuahua. Según ha trascendido, alrededor de las 9:30 PM, 2 sujetos le
prendieron fuego a un colchón en una celda en la que se encontraban las
personas detenidas. Aún no se saben los motivos, pero se ha dicho que pudo
haber sido en protesta porque no les dieron agua para beber o porque iban a ser
deportados a sus países de origen.
Las cámaras de seguridad grabaron lo ocurrido y
dejaron en evidencia la inhumana negligencia cometida por los guardias de
seguridad encargados del área. Las imágenes de los guardias de seguridad
ignorando a los migrantes y dejándolos encerrados a pesar de la propagación del
fuego le dieron la vuelta al mundo. 40 migrantes fallecieron y casi 30
resultaron gravemente heridos por este indignante hecho.
Si bien, es cierto que el tema de la represión en
contra de migrantes ha sido recurrente durante este sexenio, sería un error
sostener que el presidente López Obrador es responsable de esta tragedia, así
como es un error decir que Enrique Peña Nieto fue responsable de Ayotzinapa o
Felipe Calderón de la guardería ABC.
Sin ignorar lo sensibles que son estos temas, es
necesario hablar sobre ellos con suma claridad para evitar caer en
desinformación. Ninguno de estos mandatarios fue culpable de dichas tragedias,
aunque puede que no estén exentos de culpas al observar la manera en cómo
fueron investigadas.
En lo que respecta a la tragedia de Ciudad Juárez, el
gobierno federal se ha comprometido a llevar a cabo un proceso imparcial y
transparente para fincar sentencias y responsabilidades a los presuntos
responsables. De acuerdo con lo compartido por Rosa Icela Rodríguez, secretaria
de Seguridad y Protección Ciudadana, se han identificado a 8 personas como
presuntas culpables de la muerte de los migrantes, 3 funcionarios públicos y 5
elementos de la empresa de seguridad privada.
El mayor reto para el Ejecutivo federal será el lograr
un trabajo conjunto entre sus dependencias, particularmente entre la Secretaría
de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación ya que ambas están
involucradas en el asunto, pero sus titulares parecen buscar deslindarse de
responsabilidad a es debido a sus aspiraciones presidenciales.
La sociedad y los actores políticos debemos exigir que se dé con los responsables
de esta tragedia, pero también debemos evitar caer en señalamientos motivados
por posturas políticas. Éstos únicamente complican la impartición de justicia
ya que generan un ambiente de incertidumbre amarillismo en torno a este tema que
merece respeto y prudencia.
