Editorial La Revista Peninsular
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este
martes la adquisición de 13 plantas generadoras de energía las cuales fueron
compradas a la empresa española Iberdrola. Este anunció sorprendió a más de uno
por las tensiones que han habido entre el gobierno mexicano y dicha empresa
durante el actual sexenio.
Ese día el presidente Andrés Manuel López Obrador,
publicó en sus redes sociales un video en el cual se ve que está sosteniendo
una junta en Palacio Nacional con directivos de la CFE, encabezados por Manuel
Barlett, y directivos de Iberdrola. El motivo de la junta, según explicó el
mandatario, era la adquisición de 13 plantas de ciclo combinado que eran
propiedad de la empresa española y ahora serian parte de los bienes públicos
del Estado. López Obrador afirmó esto se trababa de una nacionalización, por lo
que era un día histórico para el país.
A pesar del comentario del presidente, es prudente
señalar que la operación no fue una nacionalización de acuerdo al argot
político pues ello requiere que el gobierno realice una expropiación o se
adueñe de las propiedades de una empresa extranjera en favor de la población. Lo
que sucedió en este caso fue una adquisición de activos similar a la compra de
la refinería ubicada en Deer Park, Texas.
El costo de la operación, hasta ahora, es de 6 mil
millones de dólares. Para cubrirlo, el gobierno mexicano usó un vehículo de
inversión con participación mayoritaria en el Fondo Nacional de Infraestructura
(Fonadin), el cual es administrado por Mexico Infraestructure Partners (MIP)
que es la administradora de fondos más grande del país. Esto permitirá que se
pague entre el gobierno y el sector privado, aunque no se sabe todavía cuánto
será de recursos públicos y cuánto de privados.
La noticia de esta compraventa causó sorpresa debido a
los varios desencuentros que ha habido entre el gobierno federal e Iberdrola.
Desde principios del sexenio, el presidente López Obrador ha lanzado
comentarios en contra de la empresa española pues considera que esta ha abusado
de los mexicanos, ha incurrido en corrupción para evadir multas y ha financiado
campañas de comunicación en su contra.
Iberdrola se mantuvo al margen de los conflictos y se
limitó a utilizar instancias legales para hacer valer la ley ante los abusos
del gobierno federal. Sin embargo, parece que estas presiones se volvieron
insostenibles pues con esta operación pierde presencia en territorio mexicano,
aunque no se retira completamente.
La realidad es que Iberdrola no parece perder con esta
transacción, por el contrario. Para empezar, se quitan las presiones de un
gobierno hostil lo cual generaba incertidumbre en sus inversiones. De igual
manera, les permite continuar con su proceso de descarbonización al deshacerse
de plantas viejas y contaminantes y tener recursos para continuar sus
inversiones de energías limpias en otros países. Esta percepción de victoria de
la empresa española se puede observar en la subida que tuvieron sus acciones el
día siguiente que se anunció la operación.
Por su parte, el gobierno mexicano tampoco pierde con
esto pues cumple sus objetivos de fortalecer a las empresas del Estado. Con la
operación, la CFE se convierte en la empresa líder en generación de energía con
el 55% de la energía generada en el país. El mismo presidente López Obrador
afirmó que esto fue una buena decisión porque los monopolios energéticos traen
más beneficios a los países que los mercados privatizados.
Desde un enfoque más político, se considera que Manuel
Barlett también resulta ganador de esta operación en cuanto “adquiere” el
control de los activos de una empresa con la cual tuvo tensiones durante 5
años.
Lo que no está claro es si esto traerá beneficios al
pueblo mexicano. Todavía no se saben los costos que implicará poner en
operación estas plantas, ni cuánto tiempo de vida tienen. Además, la operación
representa un retroceso para la transición a energías renovables lo cual
impacta en el desarrollo tecnológico y, más importante, ambiental de México.
No cabe duda, es una operación con gran trascendencia
para el país; sin embargo, al momento se observan más beneficios simbólicos que
palpables para los mexicanos.
