Por: Ismael Méndez Camargo.
Sistemático y constante ha sido el proceso de
demolición de las instituciones del estado mexicano por parte del presidente
Andrés López Obrador, con el pretexto de sanearlas pero todo mundo sabe que son
los caprichos tontos de un gobernante que ha desilusionado a millones de mexicanos
votantes que en 2018 creyeron en un cambio positivo para la nación. Sería muy difícil calcular de manera sensata,
cual será el costo de estos atropellos que han sufrido las instituciones, en un
corto o mediano plazo, sin embargo se puede estar muy seguro que las
consecuencias serán muy elevadas. En días pasados se anunciaron otras medidas
que llevan el mismo camino de destrucción institucional, aunado a las reformas
que el ejecutivo quiere imponer y que afortunadamente han sido frenadas por
la Suprema Corte de la Nación, pues
violan de manera terrible las leyes en que descansan las bases institucionales
del país. A todos les ha quedado claro, que no hay buenas intenciones de este
gobierno, pues solo quieren tener organismos y funcionarios a modo de ser manejados
por el gabinete de morenistas.
Se ha confirmado recientemente la eliminación de la
Financiera Nacional de Desarrollo, que integraba lo que en un tiempo fue la
Financiera Rural, que siempre dio buenos resultados desde su creación; también
se confirmó el cierre y liquidación de la Agencia de Noticias del Estado
conocida como NOTIMEX y las razones son muy sencillas como tener a modo los
recursos destinados al campo y sobre todo manejar a su antojo noticias que a
todas luces son distorsionadas de la realidad, para no afectar la ya de por sí
deteriorada imagen de las actividades gubernamentales, que como cereza del
pastel se ha declarado que habrá recortes entre los comisionados del INAI, que
es un instituto muy importante para la transparencia de acceso a la información
pública.
A todas estas medidas mencionadas entre otras se
pretendió el desmantelamiento de grandes proporciones del Instituto Nacional
Electoral, que afortunadamente se detuvo a partir de que el ministro Javier
Lainez suspendió la vigencia de las reformas legales del famoso plan B, con
antecedentes de una gran manifestación nacional de millones de mexicanos. La
citada reforma tenía como único fin
amañar las elecciones y dar ventajas al partido MORENA, que punto y aparte
tiene en estos momentos grandes conflictos internos. Si se hace un recorrido
amplio por los órganos del Estado Mexicano, se pueden encontrar múltiples
intentos de seguir afectando a varias instituciones; por ejemplo en el caso de
la suprema corte de justicia de la nación, se intentó colocar una ministra
incondicional del presidente de la república, que traería un debilitamiento del
poder judicial.
En el sector de la energía, los organismos
reguladores como la Comisión Reguladora de Energía, han sido subrogados; otros
sectores afectados han sido la Comisión Federal de Competencia Económica, el
Instituto Nacional para la Evaluación, el Conacyt. El Consejo Nacional de
Promoción Turística y ProMéxico, sufrieron embates por afectarlos, situación
que hubiera afectado las promociones del ramo y la inversión extranjeras y
nacionales en el país, sin omitir en la lista la eliminación del Seguro
Popular, que afectó el servicio médico de millones de mexicanos, y así la lista
sería interminable, con el argumento de que no se han liberado recursos
destinados a programas sociales pendientes, ya que los dineros se han usado en
egresos innecesarios. Que dirá al final
López Obrador de estas demoliciones con pocos resultados que se
obtendrán.
