Noche de béisbol. Estados Unidos está paralizado con la final de
la Liga Nacional de ese deporte. Los Chicago Cubs, que no ganan desde hace 108
años, contra los Cleveland Indians. En 2016, los equipos de EEUU siguen
llamándose “los indios” o “los pieles rojas”. La corrección
política no ha llegado a los indígenas de ese país.
Karina Sartiaguin Vargas no parece preocupada por el partido.
Tampoco por las elecciones. “Me dan igual. Son solo una
lucha por el poder. Ninguno de los dos habla de las cosas importantes.
Y, además, para qué me voy a preocupar, si ni siquiera puedo votar. Mi padre
sí, y para él está claro: en este momento, cualquiera menos Trump”, dice
la joven.
El padre de Karina, Benito Sartiaguin, pertenece a otra
generación. Karina, a sus 22 años, es lo que se conoce como una ‘millennial’,
es decir, los 90 millones de personas nacidos entre 1980 y 1995, aproximadamente.
Son el mayor grupo demográfico de EEUU. Los ‘millennials’ le dieron la victoria
a Barack Obama en 2008 y en 2012. Pero ahora se están
quedando en casa. En Florida, el
estado que puede decidir las elecciones, la participación de los jóvenes en el
voto anticipado está cayendo a la mitad en relación a 2012. La de los ‘baby
boomers’ – la generación a la que pertenecen Hillary
Clinton y Donald Trump – no ha cambiado.
Entre los ‘millennials’, Clinton gana aproximadamente por 4 a 1.
Los ‘baby boomers’, que son 75 millones de personas de entre 52 y 70 años,
Trump logra 6 votos por cada uno de su rival. El martes se enfrentan en EEUU el
campo, los jubilados, y los trabajadores de industrias contra las ciudades, jóvenes,
y empleados del sector servicios. Es como el referéndum “Brexit”, pero a escala
gigante.
Karina no lo dice explícitamente, pero parece cercana a Bernie Sanders,
el ‘socialista democrático’ que a sus 74 años capturó el voto joven en las
Primarias contra Hillary. Sanders basó su campaña en una educación accesible
para todos, bajas por maternidad, y reforma inmigratoria. Eso es lo que le
preocupa a ella. Tiene motivos para ello. Desde
el 6 de diciembre de 2010, cuando acababa de cumplir los 16 años, está en una
silla de ruedas.
Lo que ella llama “el accidente” le impidió seguir con
su educación. Y ahora, Karina no tiene derecho a que la vea un médico.
“Por lo menos hace dos años”, explica, cuando se le pregunta cuándo
fue la última vez que la examinó un facultativo. “Es que, claro, una
lesión en la médula necesita un médico especializado. No me hagas hablar de dinero”,
concluye, en el salón de su casa, en la que vive con sus padres, Benito y Mina,
y su hermana pequeña, Eli. Es un espacio diáfano en el que hay apenas un sofá,
una televisión, un ordenador, y una mesa de comedor con unas sillas que revelan
bastantes años. Una silla de ruedas a la entrada, otra al fondo y unos
discretos ganchos clavados en el techo, que parecen puestos para hacer
ejercicio, son las únicas señales de que allí hay alguien con una minusvalía
física.
De modo que Karina Sartiaguin Vargas no es solo una millennial.
Esta belleza adolescente que el mes que viene – justo en el aniversario de su
tragedia – va a aparecer en una sesión de fotos de la revista ‘Vogue’ sobre
víctimas de las armas de fuego en EEUU, resume gran parte del debate en estas
elecciones, como la inmigración, la reforma sanitaria, y el control de las
armas de fuego.
Karina no tiene acceso a ningún tipo de sanidad ni ayuda,
porque, en septiembre de 1995, cometió un crimen que Estados Unidos no le ha
perdonado: entró
ilegalmente en el país. No la exime de responsabilidad el hecho
de que tuviera 11 meses de edad cuando lo hizo, en brazos Mina, que también se
trajo a sus hermanos mayores. La idea era reunirse con Benito, que había
llegado en 1981, para que los niños aprendieran inglés y regresaran a trabajar
en la industria del turismo de Puerto Vallarta.
Han pasado 21 años y Karina nunca ha vuelto a México. Su mente
se sitúa, como la de muchos inmigrantes, en su propia comunidad. No puede votar
hasta que no tenga la nacionalidad, pero tampoco le importa, explica, mientras
baja por la rampa que han construido a la entrada de su casa en Aurora, una
ciudad que forma parte del área metropolitana de Denver. Los Sartiaguin han pagado de su
bolsillo todas las reformas que
han hecho para adaptar a las circunstancias de su hija la pequeña casa en la
que viven en un barrio de inmigrantes, de Aurora, una ciudad que está unida a
la de Denver, en Colorado.
La crueldad
institucional llevada al absurdo
Benito, que trabaja en la construcción, es estadounidense
gracias a la amnistía llevada a cabo en 1986 por Ronald Reagan,
que permitió la legalización de 2,7 millones de ilegales, así que está cubierto
por el sistema público-privado de asistencia a las personas de bajos ingresos,
el Medicaid. Karina, no. Así que, en la fresca noche de Colorado, a 1.600
metros de altura sobre el nivel del mar, Karina se está yendo al hospital a ver
a los médicos, pero para actuar como intérprete de su padre, que no habla
inglés, y lleva hospitalizado una semana con una infección que los médicos no
saben muy bien cómo tratar.
El hecho de que Karina no reciba ni un dólar de ayuda es un
ejemplo de las limitaciones de la reforma sanitaria de Barack Obama, que ha
dejado igual que antes – esto es, sin cobertura – a personas que no ganan lo
suficiente como para pagarse un plan privado, pero que tampoco cumple los
requisitos para entrar en Medicaid.
Es un ejercicio de crueldad institucional con tal precisión
burocrática que Franz Kafka no hubiera podido imaginarlo. “Ni
siquiera recibo una pensión de invalidez”, explica Karina,
que suple con su voluntad y su buen humor todos esos obstáculos y trabaja de 9
a 5 en la tienda del Museo de Historia de Denver desde su silla de ruedas, con su bala en la espalda.
“Trato de trabajar todo lo que puedo para no tener que pensar”, dice
Karina, con su largo pelo negro sobre la espalda y vestida con ropa informal
deportiva, en su silla de ruedas, mientras espera a sus hermanas.
Karina pagó un precio muy duro por la bala que Luis Guzman
Rincón – también inmigrante documentado – le puso en la espalda en la esquina
de las calles Newark y 11, a la entrada del Instituto de Secundaria Aurora
Central, junto a Denver, en Colorado. Una
bala que iba dirigida a otra persona, y que Guzman disparó justo a la hora en
la que estaban saliendo los niños de clase.
Debido al “accidente”, la joven nunca acabó el
Bachillerato. “Cuando
mi madre fue al Instituto a ver cómo se podía arreglar mi situación escolar, le
dijeron que me habían quitado de la lista de alumnos matriculados”,
declara. Es posible que la institución no quisiera responsabilidades legales
por el tiroteo, pero no cabe duda de que el hecho de que tanto la joven como su
progenitora fueran ilegales, y que esta última no hable inglés facilitó esa
expulsión encubierta. Karina
también cree que su condición de ‘sin papeles’ hizo que recibiera lo que
califica de “un tratamiento a medias” en el hospital en el
que estuvo ingresada durante la mayor parte de su convalecencia.
Lo único bueno del “accidente” es que un abogado hizo
de forma gratuita el proceso legal necesario para que Karina y Mina obtuvieran
una Visa U-que se concede por razones humanitarias-y, al menos, pudieran
convertirse en residentes. Ahora,
están a las puertas de la ciudadanía, y del Medicaid. Eso es lo más importante para Karina,
que no se ha parado a pensar por quién votará cuando tenga ese derecho. Y
concluye: “Para mí, son todos iguales”.
