Ciudad de
México, a 14 de noviembre.- Esta mañana el Movimiento Nacional Taxista cuestionó el paradero de los
ingresos por concepto de validación vehicular, cuyo costo es de 1,650 pesos
equivalentes al pago de la revista vehicular que un taxi concesionado tiene que
cubrir y que a diferencia de éste, el dinero de la validación no llega a la
Tesorería, sino a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, por lo que
no se sabe quien administra dicha contribución. En cambio, los 140 mil
concesionados aportan 4 mil 200 millones de pesos a las finanzas del Gobierno
de la CDMX.
“De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, la empresa CARD RECORD TECHNOLOGY,
SA de CV, de cuestionable creación, es la encargada de administrar estos
fondos, pero el concepto de validación vehicular, es un concepto que no existe
en el Código Fiscal de la CDMX, por lo que es preocupante saber a dónde se va
ese dinero, así como dónde están los más de 80 millones de pesos que han
aportado estas dos plataformas por el concepto del 1.5 por ciento en un año
para el Fondo de Mejoramiento del Taxi, la Movilidad y el Peatón, uno de los
requisitos para llevar a cabo el acuerdo ilegal que permite que empresas como
Uber presten un servicio ilegal”, destacó Ignacio Rodríguez, vocero del
movimiento.
En conferencia de prensa destacaron que a diferencia de Cancún donde la
Secretaría de Infraestructura y Transporte puso un alto a Uber y lleva más de
400 vehículos detenidos y sancionados desde el inicio de la nueva
administración estatal, la ciudad de México se ha convertido en tierra de nadie
donde empresas económicamente poderosas atropellan la legislación e instalan
Aplicaciones Tecnológicas para dar un servicio ilegal de transporte de
pasajeros como ocurre ya con Buggy Rides, Taxify y Ergomotos.
Pero no sólo eso, sino que al contrario de los taxistas concesionados que deben
regirse a tarifas oficiales, Uber, por ejemplo, la semana pasada comenzó a
cobrar de forma unilateral, porque así se los permiten las autoridades, un
incremento de 2 pesos por la solicitud de servicio, más 3.60 para otras
contribuciones, además del 1.5 por ciento del viaje para el Fondo de Mejoramiento
del Taxi, la Movilidad y el Peatón, áreas peatonales y la movilidad, costo que
están trasladando al usuario.
Hugo Guerrero dio a conocer que los concesionarios en todo el país están
perdiendo un aproximado de 300 pesos por día, lo que multiplicado por los 700
mil concesionados en todo el país arroja una cantidad de 412 millones de pesos
diarios que se van a las arcas de estas empresas transnacionales y no al
mercado interno de nuestro país.
En tanto, Daniel Medina, vocero de Taxistas Organizados de la Ciudad de México,
resaltó que en materia de seguridad, el índice de delitos graves cometidos en
los taxis concesionados no rebasa el uno por ciento anual: “Se encuentra en 0.5
por ciento la comisión de delitos graves, es decir una cifra muy baja, sin
embargo al pedir información a la Procuraduría General de la República sobre
este dato entre los vehículos de Uber y Cabify, la respuesta es nula, sentimos
que hay un encubrimiento al dar esa información, sin embargo y afortunadamente,
los medios de comunicación han dado cuenta de los delitos cometidos como robo,
violación e incluso muerte por accidente y cuyo seguro no respalda en absoluto
al pasajero”, subrayó.
Los Taxistas Concesionados Organizados de México, integrantes del Movimiento
Nacional Taxista, destacaron que de la omisión, complacencia, colusión y
corrupción que existe en el Gobierno de la Ciudad de México han impuesto un
servicio pirata de corte transnacional que, como hemos dicho, se lleva al
extranjero la renta que debería ser de los mexicanos y los impuestos para la
ciudad y el país.
Propiciado por observar la condescendencia del gobierno de la Ciudad, ahora
“han aparecido otras aplicaciones que trabajan sin concesión como Buggy Rides,
cuyos inversionistas son, entre otros, Bruce Patrick Boren, vicepresidente de
Televisa Network y Ana Midori Franco Endo, directora del área administrativa y
financiera del ITAM. A este sistema le llaman “club”, cobran en efectivo o con
tarjeta y a este cobro lo conocen como ‘compensación’ para evadir impuestos”.
Lo mismo ocurre con otra empresa, Taxify y Ergomotos que presta un servicio
parecido, sin concesión, con 50 motocicletas al momento. De esta forma, los
taxistas concesionados de la ciudad de México, los legales, tienen una
competencia desleal y ruinosa contra los más de 45 mil piratas llamados
Panteras que usan la cromática oficial con placas individuales de la ciudad de
México, del Estado de México y otros estados, sino contra los más de 45 mil
Uber, los más de 15 mil Cabify, los más de 18 mil mototaxis y las nuevas
aplicaciones.
Y no sólo eso, sino que en la Asamblea Legislativa, el otro órgano de gobierno,
en lugar de llamar a hacer cumplir las leyes que allí emanan, están buscando
continuar el traje a la medida para estas aplicaciones, como lo está haciendo
la diputada Wendy González, que busca haya módulos de quejas para las
aplicaciones.
Los taxistas dijeron que aquí se combinan a la vez la Ley de la Selva y la Ley
de Herodes, cada quien hace lo que quiere en esta CDMX, al amparo de un gran cochinito
que están engordando para el tema electoral. La recaudación sin dar vista a la
Tesorería es eso, el gran cochinito, como son los comerciantes ambulantes, los
vagoneros del metro, los viene-viene, y tantos y tantos que trabajan en la
informalidad, fuera de la ley y que se persignan con las autoridades.
Sin embargo, los taxistas de las terminales, el aeropuerto y sitios y bases en
la Ciudad de México dijeron que seguirán en pie de lucha y van a incrementar
sus movilizaciones, denuncias y las acciones jurídicas consecuentes “porque
sabemos que tenemos la razón y les vamos a tumbar el negocito a los políticos y
estas empresas transnacionales, no sólo en la ciudad de México, sino en todo el
país. Ya les daremos noticias más adelante”.
