Ciudad de México, a 18 de noviembre.- Anoche Pedro
Cervantes, apoderado legal de la empresa Turismo Barey, S.A de C.V., denunció
acciones irregulares, arbitrarias y dolosas por parte del Instituto de
Verificación Administrativa del DF (INVEA), luego de que el organismo hiciera
caso omiso de la orden de suspensión de retiro de un anuncio publicitario de la
empresa mencionada, otorgada el 4 de noviembre de 2016 y notificada al INVEA el
pasado día 16.
La resolución del juicio promovido en el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Distrito Federal, determina que “con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 99 y 100 de la ley, y en virtud de que no se
afectan los derechos de terceros, el interés social, ni se contravienen
disposiciones de orden público, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN solicitada, para el
efecto de que se mantengan las cosas en el estado en que se encuentran, esto
es, para evitar se retire el anuncio instalado en el inmueble ubicado en la
calle de Insurgentes Sur No. 300, Col. Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, de
esta Ciudad”.
La empresa que exhibe la publicidad en el sitio mencionado se percató ayer por
la noche de movimiento policíaco que comenzó a cerrar las calles aledañas
mencionando habría operativo por parte de los verificadores del INVEA que
llegarían al lugar para clausurar el anuncio y ponerle enormes sellos de
suspensión de actividades, sin embargo, detuvieron dicho operativo tras el
llamado a conferencia de prensa en el lugar mencionado, Insurgentes No. 300
esquina Medellín.
“Desde el momento en que el Tribunal emite una orden de mantener las cosas en
el estado en que se encuentran, en este caso al INVEA, para no clausurar, no
retirar o llevar acabo operativo alguno. Si INVEA retira o coloca lonas de
suspensión encima de la publicidad actualmente exhibida evidentemente estarían
violentando el Estado de derecho, estarían intentando cometer una ilegalidad
cuando ellos deberían ser los primeros en hacer valer las leyes y acatar las
órdenes”, apuntó Pedro Cervantes.
Agregó que pese a contar con esta notificación, el INVEA pretendía llevar a
cabo su operativo el 17 de noviembre de 2016 en el domicilio arriba mencionado
para colocar una lona de suspensión de actividades desobedeciendo así lo
ordenado por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal.
De igual forma, el abogado Pedro Cervantes indicó que el 7 de noviembre de 2016
acudieron las verificadores del INVEA Luz Adriana López Galicia (coordinadora)
y Tania Yaraith Márquez Sánchez (supervisora), al inmueble donde se encuentra
colocado el espectacular de la empresa que representa para solicitar la
documentación que sustenta la legalidad del anuncio.
“Acudieron verificadores que no cumplen con el procedimiento administrativo,
que deben de traer un identificador visible y tampoco se identificaron con el
abogado quién acreditó la documentación solicitada y al no tener sustento legal
para realizar el retiro de la lona publicitaria la coordinadora se retiró y
dejó que el operativo continuara para retirar la lona exhibida violentando así
el Estado de derecho”, explicó.
Destacó, además, que se cuenta con acta de fe de hechos de lo sucedido en ese
operativo el pasado 7 de noviembre, emitida por el corredor público Número 28,
Eduardo Núñez Durán, donde se atestigua dicho retiro previo de la publicidad
por parte del INVEA, aún y cuando se les presentó al momento del retiro una
copia certificada de la resolución del tribunal con la suspensión mencionada.
Al respecto, Saúl Mendoza, asesor jurídico de la empresa Turismo Barey, S.A de
C.V, resaltó: “El INVEA no es completamente parcial, es un órgano ejecutor
porque su responsabilidad es velar por la legalidad de los anuncios y cuando se
les demuestra fehacientemente que existen los documentos necesarios para la
operación de un anuncio, no puede ser posible que los hagan a un lado por un
interés político o económico”.
Finalmente Pedro Cervantes indicó que presentarán un recurso de queja por el
actuar corrupto y arbitrario de los servidores públicos del INVEA y una demanda
administrativa ante la Fiscalía de Servidores Públicos del Distrito Federal en
contra de quien o quienes resulten responsables por los atropellos cometidos.
