Los
mexicanos no quieren más un sistema de gobierno de privilegiados ni más abusos
de políticos que teniendo fuero viven en la impunidad, advirtió la senadora
Rosa Adriana Díaz Lizama, al solicitar que no se congele una iniciativa
legislativa que busca la eliminación del fuero constitucional y la renovación
del juicio político y que se atienda cuánto antes.
Los
mexicanos exigen un nuevo modelo de representante popular, un nuevo modelo
político que esté encaminado a una verdadera igualdad entre unos y otros, en
donde ningún mexicano tenga privilegios por encima de los demás, añadió la
legisladora federal, quien recién rindió su informe legislativo hace unos días.
Rosa
Adriana Díaz recordó que junto con senadores del PAN y del PRD presentó el 13
de septiembre pasado una iniciativa que reforma diversos artículos de la
Constitución para la eliminación del fuero y la renovación del juicio político.
Desde
esa fecha, el documento se encuentra en las Comisiones Unidas de Puntos
Constitucionales, de Gobernación, y de Estudios Legislativos Segunda del
Senado. Sin embargo, aún no se ha emitido el dictamen correspondiente y por lo
tanto, la propuesta no pasa todavía al pleno de la Cámara.
La
iniciativa busca desaparecer el fuero que impide que un servidor público sea
sometido a juicio penal. El documento propone un nuevo esquema de juicio
político, en donde el proceso se inicia con la acusación que presente cualquier
persona física o moral ante la Cámara de Diputados, relevando de la carga de la
prueba al denunciante.
De
acuerdo con la propuesta, corresponderá a la Cámara de Diputados investigar en
un plazo de 30 días hábiles los hechos que motivan la acusación y determinar
por el voto de la mayoría si existen motivos para separar del cargo al servidor
público acusado.
De
ser así, la acusación se remitirá al Senado y será en esta Cámara dónde se dé
inicio a la fase de juicio. El Senado concederá audiencia al acusado y dentro
de los 15 días siguientes se erigirá en jurado de sentencia, debiendo
determinar mediante el voto de las dos terceras partes de los miembros
presentes, si hay que separarlo del cargo.
La
iniciativa sujeta también al Presidente de la República a este nuevo esquema,
atendiendo al principio de igualdad ante la ley.
—Es
de suma importancia facilitar la forma en que los servidores públicos y los
representantes populares puedan ser llamados a cuentas —aseveró la senadora
Díaz Lizama.
—No
se trata de judicializar a diestra y siniestra el trabajo legislativo ni ningún
otro servicio público; se trata de que los políticos enfrentemos con
responsabilidad los asuntos judiciales a que podamos estar expuestos en lo
personal.
—Nuestro
interés es acabar con la impunidad, con los excesos y con los privilegios,
sujetando al servidor público al principio de igualdad ante la ley —reiteró.
La
senadora por Yucatán subrayó que las reformas recientes tienen como finalidad
combatir la corrupción y lo que sigue ahora es tomar medidas severas contra la
impunidad.
—Logramos
aprobar la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción, bajo dos
objetivos: uno, coordinar a las instituciones encargadas de la investigación,
persecución y sanción de la corrupción, y dos, el establecimiento de
contrapesos e incentivos para abatir las redes de corrupción.
—La
sociedad dice: No a los privilegios, no a la impunidad, no a los fueros y en
este sentido, piden que seamos iguales ante la ley.
