Por Jorge Fernández Menéndez
Nadie puede estar en contra de la absoluta independencia del Poder Judicial, pero nadie, tampoco, puede ocultar que cuando se suceden los fallos incomprensibles para la sociedad, ello deslegitima el trabajo de los jueces. Ahora nos enteramos que un tribunal federal del Estado de México amparó y liberó a Isidro Solís Medina, integrante de la banda de Los Rojos, quien participó hace nueve años en el secuestro y asesinato de Silvia Vargas Escalera, hija de Nelson Vargas.
Contra Isidro Solís había todo tipo de testimonios y pruebas, no sólo del caso deSilvia Vargas, sino también de otros secuestros en los que había participado. De su liberación se supo porque una de sus víctimas, convencida de que su secuestrador estaba preso y condenado a 34 años de prisión, se lo cruzó caminando en la calle. Indagando el caso se supo que era, también, uno de los secuestradores y asesinos de Silvia Vargas.
Las causas por las que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito le concedió el amparo a Solís Medina son ridículas: una víctima de secuestro en las indagatorias lo reconoció a través de la Cámara de Gesell sin la presencia del abogado del imputado. Ante ello todo lo demás, para los jueces, salió sobrando. El magistrado federal José Merced Pérez Rodríguez, argumentando falta de evidencias, lo dejó libre.
Faltas al debido proceso, “el maldito debido proceso”, dijo en estos días Nelson Vargas. Es un insulto a las víctimas, a sus familias y a la sociedad.
Las faltas al debido proceso, que sirvieron lo mismo para dejar en libertad aFlorence Cassez, a un grupo de secuestradores de Tijuana y ahora a este personaje, no pueden ser la coartada para liberar en automático a todo delincuente que argumente esas fallas a su favor. No es ese el espíritu de la ley. Si ha habido fallas al proceso, lo que debe ocurrir es que el mismo se reponga, no que se otorgue en automático la libertad cuando existen pruebas, testimonios, víctimas que reconocen y verifican la responsabilidad de un criminal.
Florence era responsable de los delitos de los que se la acusaba: fue reconocida por sus víctimas, vivía en la misma casa de seguridad usada en los secuestros, su compañero sentimental era el jefe de la banda. No debía haber quedado en libertad porque se realizó una grabación de televisión extemporánea. Este hombre, Isidro Solís participó en la banda de Los Rojos, lo reconocieron las víctimas, se llegó a él rastreando a los distintos integrantes de esa organización. No es verdad que el que no estuviera su abogado defensor cuando fue reconocido ante una Cámara de Gessell, invalida todo su proceso y todas las otras pruebas. Más aun cuando se están utilizando ordenamientos aprobados con posterioridad a los delitos cometidos.
Si hay fallas en los procesos deben sancionarse, si las pruebas obtenidas parten de situaciones en las que no se ha respetado la legalidad, esas pruebas deben desecharse, pero no se puede arrojar el niño con el agua por la ventana. El proceso se debe reponer, no liberar en automático a los criminales. Y eso está sucediendo un día sí y el otro también.
Ello va de la mano con la lentitud de la justicia. Ninguno de la banda de Los Rojos, los que secuestraron y mataron a Silvia Vargas, después de nueve años de cometido el crimen, tiene sentencia en firme. Tampoco la tienen la mayoría de los secuestradores y asesinos de Fernando Martí o de Hugo Alberto Wallace, hijos deAlejandro Martí y de Isabel Miranda, respectivamente.
En la medida en que los procesos se alargan, esos criminales, basados en experiencias legales, como las fallas al debido proceso o de que sus propias declaraciones fueron arrancadas bajo tortura, comienzan una ola de amparos que en muchas ocasiones pueden dejarlos en libertad, sólo es necesario que algún juez o algún tribunal interprete mal la ley, tenga miedo o esté comprado para que las condenas se evaporen y la justicia se tuerza.
El tema de la tortura es, particularmente, sensible. Prácticamente, todos los detenidos alegan, buscando su libertad, que han sido torturados. Sin duda en algunos (o en muchos) casos es verdad, pero eso no los hace necesariamente inocentes. Es el caso de Elvira Santibáñez Margarito, y conocida como La Pala, la joven que aparece en el video difundido en estos días y que motivó una disculpa pública del general Salvador Cienfuegos y del comisionado Renato Sales.
Elvira es originaria de Ajuchitlán del Progreso, está detenida por pertenecer al cártel de la Familia Michoacana. Era conocida en la comunidad por ser parte de la célula que secuestraba, robaba y extorsionaba en la zona. Elvira fue detenida junto con otros dos integrantes de esa banda con cuatro armas largas; un arma corta; nueve cargadores y más de 200 cartuchos. Quienes torturaron a Elvira deben ser juzgados y castigados, pero la joven que fue parte del grupo que victimizó y castigó a toda una comunidad no debe quedar en libertad.
